El 5 de marzo de 2019 se puso fin de manera oficial a la XII legislatura. La XIII legislatura se prolongó durante solo 126 días, entre el 21 de mayo y el 24 de septiembre, después de que el bloqueo del Congreso impidiera investir presidente alguno y, por tanto, configurar un nuevo Gobierno. Ese bloqueo, de hecho, se prolongó hasta los primeros días de 2020 cuando el nuevo Congreso salido de la 'segunda ronda' electoral de noviembre invistió a Pedro Sánchez como presidente. En apariencia, un año perdido para la iniciativa legislativa del Gobierno y el Parlamento. Sin embargo lo que dicen los datos recabados por el Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE es que este erial alumbró la mayor actividad legislativa desde el año 2015.
El balance anual de la actividad legislativa de las Administraciones Públicas que desde el año 2015 publica puntualmente la principal organización empresarial del país -entre otras cosas para poner de manifiesto el entorno extraordinariamente cambiante en el que tienen que desarrollar su actividad las empresas españolas- revela que ese singular año 2019 se aprobaron 648 normas estatales, frente a las 588 de 2017, las 517 de 2016 o las 436 aprobadas en 2015. Esa actividad se canalizó de forma masiva por vías extraparlamentarias, es decir, a partir de la iniciativa del Gobierno y al margen de los canales de consulta pública y control parlamentario que actúan en el caso de los proyectos de ley, básicamente a golpe de órdenes ministeriales (396) y reales decretos (226). El 69% de las modificaciones legislativas aprobadas el año pasado se hicieron por la vía del decreto.
El informe de CEOE subraya de forma especial que en 2019 por cuarto año consecutivo el número de reales decreto ley ha sido por superior al número de leyes ordinarias. "Se trata de un hecho destacable pues, en 42 años de democracia, este fenómeno sólo se había reproducido en otras cuatro ocasiones de manera aislada: 1978, 2004, 2008 y 2012".
El Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de la organización empresarial recuerda que el abuso de este canal genera desde hace tiempo una gran contestación social y política y desliza que está práctica "genera inconvenientes cuando se percibe que está siendo utilizado de manera abusiva, por entender que se estarían evitando cauces de consulta y elaboración de normas más adecuados".
El Ejecutivo de Pedro Sánchez revolucionó el panorama político y también el empresarial en el primer tramo de 2019 con los llamados 'viernes sociales', una batería de reales decretos aprobados entre febrero y abril de 2019 -ya con las elecciones generales convocadas- que le permitieron activar alguna de sus prioridades políticas no aprobadas durante su 'minilegislatura' de siete meses por la vía más directa.
CEOE y la oposición política le afearon la 'táctica' de aprobar por decreto cuestiones que podría haber tramitado durante los siete meses anteriores en una campaña que, al menos, les permitió suavizar en buena medida algunas de las iniciativas más audaces que pretendían abordar en ese contexto, como la reversión de la reforma laboral.
Un millón de páginas de cambios legislativos
El expresidente de CEOE, Juan Rosell, propició la elaboración de este informe para visibilizar el volumen ingente de cambios legales que una empresa radicada en España debe digerir en el transcurso de un solo año. En 2019, un año más, las páginas de los boletines oficiales en los que se vuelcan las normas aprobadas con todos los niveles de la Administración volvieron a superar el millón de páginas: 214.283 en el BOE y 824.040 en boletines autonómicos, 1.038.323 páginas en total.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios