Fin a la austeridad, se inaugura la época del gasto. Es el mensaje que sale del consejo de ministros de este martes que ha aprobado el mayor límite de gasto no financiero de la historia: 196.097 millones. Se trata de un "paso importante" en plena pandemia para intentar que la recuperación económica y del empleo sea lo más rápida posible y para, según explica el Gobierno de coalición, "combatir la desigualdad". Este techo de gasto sienta las bases de los inminentes Presupuestos Generales del Estado, que serán "expansivos", según explica el área económica dirigida por Nadia Calviño. Quedan, además, derogados los parámetros fiscales.
El objetivo del Ejecutivo, según explican fuentes gubernamentales, es "poner a disposición del conjunto de las administraciones públicas todas las herramientas posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, permitir una flexibilidad fiscal que permita impulsar la recuperación económica y social". El Gobierno solicitará al Congreso que aprecie si España se encuentra en una situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional contemplada en la Constitución Española y en la Ley de Estabilidad. En principio Pedro Sánchez no tendría problemas para convalidar este techo de gasto en el Parlamento.
En primer lugar, lo que se podría denominar límite de gasto homogéneo asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este aumento se debe a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.
Sin embargo, hay que añadir varios elementos que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros. Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. La ministra de Hacienda ha recordado que el Consejo Europeo aprobó movilizar 750.000 millones de euros, que se articularán fundamentalmente a través de un Fondo de Recuperación. En concreto, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.436 millones del Programa REACT-EU.
El Plan de Recuperación que España presentará a las instituciones europeas recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, como se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, la mayor parte de esos 12.436 millones del programa REACT-EU se destinarán a las CCAA, aunque habrá 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los citados 196.097 millones. La ministra Montero ha señalado que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público ya que se reconocen como un ingreso.
Aportación a la Seguridad Social
Una de las claves de las cuentas del Estado que marca un hito histórico en el cuadro macroeconómico es la aportación directa de los Presupuestos que se va a hacer a la Seguridad Social por valor de 18.396 millones de euros, para recortar su déficit y cargar esa parte al del conjunto estatal. Hace tiempo que se venía manejando la opción de financiar parte de la Seguridad Social con Presupuestos, y no todo mediante las aportaciones de los afiliados, si bien el enorme montante de recursos que se exige al organismo por la caída del empleo y el gasto en ERTEs ha obligado a tomar ahora esa decisión.
A esa cantidad, la ministra Montero le añade los 13.486 millones que se van a destinar a las CCAA, anunciados esta semana, y que servirán para que puedan cumplir con una aportación al déficit del 2,2%. Con esas dos operaciones, el Estado sume una buena parte del desequilibrio de ambas instituciones (autonomías y Seguridad Social), con el objetivo de que sean más operativas y tengan sus cuentas más saneadas, pero incrementa su aportación al desequilibrio de las cuentas públicas, que para el año que viene se sitúa en un elevado 7,7% del PIB.
En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno prevé que se sitúe al cierre de este año en el entorno del 118% del PIB como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis y del impacto de los estabilizadores automáticos. No serán necesarias para este año emisiones adicionales de deuda sobre las ya previstas.
Derogación de las reglas fiscales
Siguiendo las directrices de Bruselas, el Gobierno ha aprobado este martes también suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021. Se trata de una medida que han adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI, recuerdan desde el Ejecutivo. En concreto, el consejo de ministros ha suspendido la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la crisis.
La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.
La ministra de Hacienda ha mostrado su confianza en que la Cámara Baja no tendrá dificultades en pronunciarse a favor de una medida que "dota a las administraciones públicas de la flexibilidad suficiente para abordar la crisis sanitaria, social y económica". Sin embargo, la titular de Hacienda ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal. De hecho, Montero ha resaltado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de culminar los Presupuestos Generales.
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