El Gobierno inicia los trámites para anular la ley de investidura del Parlament

  • Es un documento que está obligado a pedir antes de acudir al Constitucional para la impugnación de la reforma de la ley aprobada en el Parlament.
Méndez de Vigo propone un MIR de dos años para acceder a la docencia
Méndez de Vigo propone un MIR de dos años para acceder a la docencia

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado un informe sobre la ley catalana para permitir una investidura a distancia de Carles Puigdemont y que ha sido aprobada por el Parlament.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo explicó que se ha acordado iniciar los trámites para realizar esta solicitud, de manera que se pueda recurrir después la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional.

El Parlament dio luz verde a la ley este mediodía, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, frente a la que el Gobierno ya había anunciado ayer que tiene preparado un recurso al Constitucional para impedir su aplicación.

La petición del Gobierno tiene carácter de urgencia y será estudiada ahora por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, y que entiende de los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como los temas relativos a conflictos sobre la autonomía local.

Tras el informe de esta Sección, el dictamen deberá ser aprobado por la Comisión Permanente que, según fuentes del máximo órgano consultivo del Ejecutivo, se reunirá el próximo lunes antes de remitir su opinión sobre la ley al Ejecutivo.

La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

El Ejecutivo anunció este jueves que ya tenía preparado ese recurso y el Consejo de Ministros ha dado el paso formal de solicitar informe al órgano consultivo, un documento que el Gobierno está obligado a pedir antes de acudir al Constitucional.

Fuentes de Moncloa recordaron ayer que el Tribunal Constitucional ya advirtió en su día a los responsables de la Cámara Autonómica de la obligación de respetar las resoluciones del alto tribunal.

Además, el Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, ya falló la semana pasada que la norma vulnera la Constitución y el Estatut y consideró que no puede tramitarse por urgencia porque pretende modificar artículos sustanciales del Estatut.

Mostrar comentarios