El Gobierno está monitorizando las consecuencias del fallo sobre el IRPH que acaba de hacer público el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La sentencia abre la puerta a la posibilidad de que la cláusula sea declarada abusiva, pero deja la decisión final en manos del Tribunal Supremo y la justicia española. Deberá ser ahora, por tanto, el alto tribunal nacional el que tome una decisión y es ahí donde surge el conflicto por interpretaciones diferentes. Moncloa está preparándose para actuar, si es necesario, como ya hizo con la pasada sentencia del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el polémico AJD.
El conflicto está servido y la disparidad de criterios en este momento es evidente. El Supremo consideró en la sentencia de la discordia de diciembre de 2017 que el IRPH era un índice legal y transparente. No veía, por tanto, un carácter abusivo en el mismo. Pero el TJUE ha venido a fallar algo muy distinto y ha concluido que si los tribunales españoles consideraran esta cláusula abusiva se podría sustituir por otro índice legal. En cualquier caso, el fallo de Europa favorece a la protección de los consumidores y pone ahora en un brete a los jueces españoles, que deberán dar un giro radical a su jurisprudencia para adaptarse a la del alto tribunal comunitario.
Desde Moncloa son claros en este sentido: la justicia española "debe adaptarse a la doctrina europea", explican fuentes gubernamentales consultadas por La Información. Es decir, en el Ejecutivo de coalición esperan que la interpretación que haga a partir de ahora el Supremo sobre el IRPH sea acorde al fallo del TJUE. Ayer mismo, una vez conocido el fallo de Luxemburgo, desde el Gobierno mantenían la calma: "Tenemos que estudiar la sentencia europea y después ver cómo la interpreta el Supremo", indicaba este martes un alto cargo gubernamental.
¿Cuándo será el fallo del Supremo? Fuentes jurídicas consultadas en el entorno del alto tribunal aseguran que no se puede establecer ahora mismo una fecha concreta para emitir un pronunciamiento sobre las consecuencias que la sentencia europea del IRPH tiene sobre sus resoluciones y su aplicación concreta en los tribunales españoles, si bien se espera que no vaya más allá del próximo verano, dado el interés social de la norma y el hecho de que son varios los recursos que a lo largo del último año le han llegado. En el Gobierno no tienen un calendario aún definido, reconocen.
Fuentes del sector bancario advierten que, una vez que el TJUE ha devuelto a los tribuales españoles la cuestión, la jurisprudencia que existe y que se puede aplicar es la de la sentencia de diciembre de 2017. Pero ahora dudan: en desde el ámbito jurídico implicado en el caso se señala que eso, aunque parezca lógico, sería un error, dado que algunos de los planteamientos básicos de esa sentencia no están acordes con lo que ayer resolvió el alto tribunal europeo, cuyas decisiones obligan al Supremo español. Aquel fallo estableció que el IRPH era claro y entendible, tenía toda la legalidad por ser publicado en el BOE y no debía pasar por el control de transparencia de la Directiva 93/13 de la UE porque era una condición general del contrato, justo lo contrario de lo que la sentencia comunitaria estipula ahora. "Si el planteamiento es volver a la sentencia del 2017, nosotros volveremos a denunciarlo ante las autoridades europeas", advierten desde los despachos que defienden a los perjudicados.
En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas aseguran que toda la polémica sobre la intervención del Tribunal Supremo, a la vista de que se verá obligado a cambiar o actualizar su anterior opinión sobre el IRPH, quedaría zanjada si hubiera un pronunciamiento del Gobierno que estableciera con claridad las condiciones en las que el contrato con una cláusula abusiva de IRPH se debe considerar nulo y estableciera por ley el índice que lo debe sustituir. Esa norma debería respetar en todo momento el espíritu de la sentencia y de la Directiva europea de defensa de los consumidores y ser respetuosa con los intereses de la banca, por un lado, y de los clientes perjudicados, por otro.
En el Gobierno contemplan ese escenario. Si el Supremo falla en contra de los intereses de los españoles, Moncloa actuará. El equipo de Pedro Sánchez lo tiene claro. Otras fuentes gubernamentales apuntan a que una de las opciones es volver a tomar una decisión de urgencia como la que adoptaron el 7 de noviembre de 2018. Ese día, el pleno de la Sala III del Tribunal Supremo falló que debían ser los clientes los que pagaran el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no el banco. Sánchez reunió a su núcleo duro de colaboradores (Carmen Calvo, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos) y pasó a la acción con un real decreto ley urgente para que el impuesto de las hipotecas lo pagarán los bancos. "Que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, es decir, la banca", dijo el presidente. "Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana hablará el poder ejecutivo", proclamó.
Es más, tanto la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) como algunos jueces consultados por este periódico entienden que el Gobierno deber actualizar la normativa que estableció para los créditos hipotecarios de los planes de vivienda anteriores a 2009, que obligaban a referenciarse con el IRPH de las cajas. Es cierto que en ese momento se establecía un diferencial negativo (IRPH menos 0,25 puntos), pero a la vista de la sentencia de este martes, eso no es óbice para que pueda considerarse abusivo y sea necesario actualizar la norma. Esos créditos no son objeto de la sentencia, pero acaparan más de 1.600 millones de euros en créditos en algunas entidades financieras, con especial incidencia en Bankia.
Los juristas implicados en esta decisión advierten, además, que una intervención del Ejecutivo en forma de real decreto ley para adaptar la normativa, serviría para evitar toda una avalancha de demandas y recursos sobre las audiencias provinciales y que suelen llegar al mismo Tribunal Supremo.
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