El borrador de cuentas públicas está casi listo

El Gobierno plantea un IVA del 21% para toda la sanidad y la educación privadas

María Jesús Montero y Nacho Álvarez negocian acabar en los Presupuestos de 2021 con exenciones que tienen colegios, clínicas o autoescuelas. La Airef calcula que el coste fiscal es de más de 3.500 millones.

Pedro Sánchez Pablo Iglesias
El Gobierno plantea un IVA del 21% para toda la sanidad y educación privadas
EFE

El Gobierno de coalición está negociando imponer un IVA del 21 por ciento a determinadas actividades de la sanidad y la educación privadas. Según ha podido saber La Información, los encargados de dar forma al borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, María Jesús Montero y Nacho Álvarez, discuten en estos momentos la posibilidad de acabar con determinadas exenciones en el pago de este impuesto y que, por tanto, solo estén libres de su tributación la totalidad de la formación y los cuidados sanitarios en el ámbito público. El intercambio de opiniones es intenso a escasas jornadas de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias den a conocer, en un acto conjunto, el documento programático de cuentas públicas que abrirá la negociación con el resto de grupos parlamentarios.

Actualmente una gran parte de actividades relacionadas con la sanidad y la educación privadas se encuentran exentas de declarar el IVA. Así quedó recogido en la legislación sobre este impuesto aprobada en 1992 por el entonces Gobierno de Felipe González. Lo que plantea el Gobierno de coalición es que, dentro de la reforma fiscal que va a proponer en el borrador presupuestario, modificar la arquitectura del IVA para acabar con que ambas actividades, siempre en el ámbito privado, soporten el tributo general del 21% al que tributan la amplia mayoría de bienes de consumo. 

En este momento, según la ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas de pagar IVA "las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados". Tampoco deben pagar el impuesto quienes se dediquen "a asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios".

En cuando a la educación, la Ley del IVA contempla que estarán exentos de tributar "la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades". 

También están exentos "los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física" siempre que este servicio este relacionado o sea prestado por entidades de derecho público, federaciones deportivas, el COE o el Comité Paralímpico español, y entidades deportivas privadas de carácter social.

La reforma fiscal que negocia el Gobierno apunta, en definitiva, a que tendrían que pagar un IVA del 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los laboratorios, los colegios privados, las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades análogas. La cuestión que debaten durante estos días los negociadores de la coalición se centra en cuáles de ellas pueden tributar y cuáles continúan dentro de las exenciones.

La Airef calcula un coste de más de 3.500 millones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un cálculo de lo que supondría eliminar las exenciones del IVA a la educación y la sanidad privadas. Según el estudio sobre la eficiencia y eficacia de trece beneficios fiscales presentado el pasado mes de julio, las arcas públicas dejan de ingresar casi 3.500 millones por esta situación. En concreto, la sanidad privada supone un coste de 1.763 millones de euros y la educación privada eleva la 'factura' a 1.694 millones de euros anuales.

El organismo presidido por Cristina Herrero advierte, sin embargo, en el mismo informe que este IVA del 21% supondría un incremento de coste sanitario y educativo para la administración de hasta 2.145 millones de euros en el peor de los escenarios debido a que una parte de la demanda del sistema privado se trasladaría al público. "Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente (básicamente, la atención odontológica para adultos)", concluye la Airef. 

Una vieja promesa del PSOE

Suprimir las exenciones del IVA a la sanidad y a la educación privadas es una vieja promesa del PSOE. Ya en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Secretaría General, los socialistas plantearon esta medida. Corría el año 2013 cuando Ferraz apostó por esta medida junto a otras actualmente sobre la mesa como los impuestos verdes, subir el IRPF a las rentas más altas o cobrar el IBI a los bienes de la Iglesia que no están destinados al culto.

En el acuerdo de Gobierno firmado en diciembre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hay, por su parte, mención alguna a esta medida. Tan solo se puede leer, en el punto 10.8, una cita genérica a establecer "mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación)". Ninguna referencia al IVA.

La presentación del borrador presupuestario es inminente. Fuentes gubernamentales hablan de "cuestión de días" para la celebración de un acto con Sánchez e Iglesias de protagonistas. El documento en sí está prácticamente redactado a la espera del cierre final. Antes el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto que, según anticipan, será "muy generoso".

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