México, 13 ene.- El Gobierno mexicano no informó sobre la la operación en que 70 guatemaltecos fueron desalojados de su campamento en el sur del país y posteriormente deportados, dijo hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo indicó en un comunicado que investiga esta operación para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de los 14 hombres, 11 mujeres y 45 menores guatemaltecos durante la operación efectuada el 9 de enero por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, estado suroriental de Tabasco.
La CNDH refirió que desde agosto del año pasado, un equipo de visitadores de la Comisión se trasladó al campamento para comprobar el estado de las familias que fueron desplazadas por autoridades de su país de la comunidad de Nueva Esperanza por tratarse de una reserva ecológica.
El organismo defensor de los derechos humanos reconoció que las autoridades federal y estatal aceptaron sus recomendaciones orientadas a garantizar condiciones dignas para los desplazados.
Sin embargo, añadió, en la operación de desalojo del 9 de enero en el municipio de Tenosique "no se notificó a la Comisión Nacional para que acudiera a dar fe de que no se vulneraran los derechos humanos".
Agregó que funcionarios de la Comisión se entrevistaron con líderes de organizaciones no gubernamentales, recabaron testimonios en el sitio de la operación y se presentaron en una estación migratoria de Tapachula, Chiapas, desde donde los 70 guatemaltecos fueron repatriados.
"Se giraron oficios para que las autoridades que participaron informen de su actuación. Una vez integrado el expediente, este organismo nacional emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda", puntualizó la CNDH.
Según el Instituto Nacional de Migración (INM), la deportación de los guatemaltecos la noche del martes pasado se efectuó con respeto a los derechos humanos, y durante el proceso estuvieron presentes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y representantes guatemaltecos.
El INM argumentó ayer que la repatriación se decidió después de comprobar la situación legal de los guatemaltecos y estuvo fundamentada en la Ley de Migración.
En contraste con la versión del INM, organizaciones civiles e incluso inmigrantes guatemaltecos afirmaron que los agentes migratorios utilizaron la violencia en la detención e incluso cruzaron la línea fronteriza para detenerlos y amenazaron con volver para desmantelar el campamento.
Las organizaciones insistieron en que la seguridad de los desplazados está en riesgo, pues son parte de una comunidad "expulsada en forma violenta por el Ejército guatemalteco".
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