Gobierno mexicano rechaza que en el país exista y se tolere la tortura

México, 1 nov.- El Gobierno de México rechazó hoy ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que exista una política de Estado que permita o tolere la tortura, aunque organizaciones civiles afirman que dicha práctica aumentó en el país un 500 % en los últimos seis años.

En el marco del segundo y último día de comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, Suiza, el Gobierno mexicano reiteró "su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos", precisaron las autoridades en un comunicado.

"El Estado mexicano reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y niega rotundamente que exista una política de Estado para la comisión del delito de tortura", señaló el documento conjunto de la Secretaría de Gobernación (interior), la Cancillería y la Fiscalía mexicana.

México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1986 y en 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura, conformada por diez integrantes.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el presidente del Comité, el chileno Claudio Grossman, reconoció la "detallada información, apertura y diálogo que se tuvo con la delegación mexicana", en esta comparecencia de dos días.

Allí, los miembros del Comité plantearon al Estado mexicano algunas inquietudes relacionadas con la tipificación del delito de tortura, la aplicación y efectos del Protocolo de Estambul, así como los avances en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, y la situación de los inmigrantes en el país.

Dichas inquietudes fueron respondidas por la delegación mexicana, incluyendo las que tienen que ver con la aplicación de la figura del arraigo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como los desafíos en el sistema penitenciario, entre otros.

Además, México se comprometió a estudiar "acuciosamente e implementar en la medida de sus capacidades", las recomendaciones que le formule el Comité como resultado de la comparecencia.

Se espera que la semana próxima el Comité dé a conocer sus recomendaciones al Gobierno de México.

No obstante, para diversas organizaciones civiles el Estado mexicano entregó un informe "parcial e impreciso" en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura en este país.

En su opinión, la intervención de la delegación de México mostró en más de una ocasión su "falta de precisión en los motivos sobre el bajo número de sentencias condenatorias por el delito de tortura", señalaron en un comunicado.

Aseguraron que las autoridades mexicanas se justificaron señalando que la complejidad de los casos dificulta al Ministerio Público obtener suficientes elementos de prueba para consignar a los responsables.

Otro ejemplo fue la discrepancia entre el gran número de quejas por tortura interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la muy reducida cantidad de recomendaciones emitidas por esta autoridad, pues de 6.778 quejas por tortura y malos tratos entre noviembre de 1999 y julio de 2012, sólo 198 derivaron en recomendaciones.

Sobre el uso de la figura del arraigo, criticaron que la delegación mexicana continuó justificando su aplicación al destacar la necesidad de ésta medida en el marco del combate a la delincuencia organizada.