Gobierno peruano pide al Fiscal General dar prioridad a 36 menores explotados

Lima, 18 sep.- El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú pidió al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, que le dé prioridad al caso de 36 menores presuntas víctimas de explotación laboral y sexual en una comunidad religiosa de la región Madre de Dios, según informó hoy su titular, Carmen Omonte.

"Este caso nos indigna a todos, que hayan sido devueltos a esta comunidad por orden de un fiscal, a pesar que eran niños a quienes no se les estaban respetando derechos básicos como derecho a la educación, a no trabajar, no ser explotados, a tener una vida plena de desarrollo integral", declaró Omonte a los periodistas.

A raíz de la denuncia de un padre de familia, la Policía Nacional rescató la semana pasada a 36 menores que aparentemente eran forzados a trabajar en una comunidad de la Asociación Evángelica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal ubicada en el alejado distrito selvático de Iberia en Madre de Dios.

La Policía había trasladado a un albergue a 10 de los 36 niños que viven en esa comunidad mientras localizaba a sus padres, que al parecer se encontraban en un anexo más alejado, dedicados a labores de agricultura, según informó a Efe una fuente de la investigación.

Sin embargo, el fiscal provincial mixto de Iberia, Julio Peña, ordenó el regreso de los menores a la comunidad.

Omonte informó que su despacho ha remitido un oficio al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, pidiendo prioridad para este caso, pues ahora los padres de los menores están impidiendo que sean sometidos a los exámenes requeridos por las autoridades.

Por su parte, la directora general de Niños, Niñas y Adolescentes de ese ministerio, María del Carmen Santiago, declaró que "los niños y niñas (comprendidos en este caso) no estudian, no se ha determinado su situación médica, qué problemas presentan, y hay indicios, denuncias de trata y abuso sexual".

"Necesitamos que esta situación se esclarezca cuanto antes", agregó Santiago.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) expresó su preocupación por el estado de salud de los menores, ya que los integrantes de la comunidad se escudaron en sus creencias y reglas para impedir que el personal médico les hiciera un chequeo médico.

La organización denunció, hace una semana, que los niños viven en condiciones insalubres, aparentemente en labores forzadas y vulnerables a problemas de desnutrición y al contagio de leishmaniosis, una enfermedad parasitaria que se transmite mediante la picadura de insectos.