Santiago de Chile, 30 may.- El Ejecutivo chileno pidió hoy explicaciones a los Gobiernos de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet ante un informe que cuestiona la entrega de beneficios y pensiones a 3.000 exonerados políticos -personas que perdieron su trabajo por razones políticas- durante la dictadura.
"El país requiere una explicación de las autoridades de los gobiernos de Lagos y Bachelet", dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en declaraciones al canal de noticias 24 Horas.
El informe de la Contraloría, que se conoció este miércoles, pone en duda la acreditación de 3.000 personas que perdieron su trabajo por razones políticas durante la dictadura (1973-1990) y el pago de unos 60 millones de dólares a ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.
La Contraloría dejó abierta la posibilidad de que algunas de esas personas realmente sean exonerados políticos, pero cuestionó la falta de rigurosidad en las Administraciones de Lagos (2000-2006), Bachelet (2006-2010) y del actual presidente, Sebastián Piñera, para seguir pagando pensiones vitalicias entre 2005 y 2011.
Una parte importante de los casos objetados corresponde a supuestos exfuncionarios de partidos políticos, especialmente del Partido Socialista (PS) y Partido Comunista (PC), que perdieron sus empleos a raíz de la proscripción de las formaciones políticas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El subsecretario del Interior aseguró hoy que la mayoría de los casos en duda señalados por la Contraloría sucedieron durante los gobiernos de Lagos y Bachelet.
"Puedo afirmar con responsabilidad (...) que estamos frente a un hecho donde hay una gran cantidad de falsos exonerados que fueron certificados principalmente por el gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos", apuntó Ubilla.
Los beneficios otorgados durante la Administración de Piñera fueron "bien entregados", aseguró el subsecretario, quien añadió que al llegar al Gobierno se encontraron con 100.000 carpetas con peticiones pendientes de revisión.
"De esas 100.000 hemos certificado más de 15.000 exoneraciones y hemos entregado beneficios. Es decir, gente que tenía el derecho, pero no tenía el 'pituto' (contacto) político para ser beneficiado por la comisión", indicó.
Ubilla dijo que además de los casos del informe, el Gobierno analizó el año pasado 50.000 casos de exonerados políticos que reciben beneficios, de los cuales cerca del 20 % contenía irregularidades.
La expresidenta Michelle Bachelet, que busca convertirse en la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, se refirió a la polémica y aseguró que si existen irregularidades, estas "tienen que ser investigadas".
"Y de esa investigación se propondrán las medidas que correspondan", dijo la precandidata a los periodistas tras una reunión con la Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).
El subsecretario del Interior remitió el informe de la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que será el encargado de establecer las responsabilidades políticas que correspondan.
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