El Gobierno podrá mantener la confidencialidad sobre los contratos de venta de material bélico que formalice con otros países, así como sobre las operaciones de compra de armas que negocie y cierre para garantizar la adecuada provisión de armamento del Ejército de España. Así lo ha determinado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución en la que ha vetado el acceso público al detalle de las transacciones de material bélico realizadas por España y también al origen y destino de las mismas.
Hasta la fecha, Transparencia no había marcado la frontera de lo que era o no información accesible en el ámbito de las operaciones de compraventa de material bélico realizadas por el Reino de España. La única información disponible sobre el particular es la Estadística de Exportaciones de Material de Defensa que publica con regularidad anual la Secretaría de Estado de Comercio y que detalla de forma agregada por países y por tipología de producto las ventas de materia bélico realizadas desde España, ya sea desde el sector público como desde el sector privado.
De otro modo, que Defensa proporcionara de manera pública el detalle de todos los contratos de venta de material bélico firmados por el Gobierno de España, con el detalle del país al que se vendieron y los importes de la transacción; así como de los de compra de armamento de todo tipo.
Sin embargo, el informe no precisa a qué país se vende qué, sino que únicamente agrega las cifras con una vocación más registral que informativa. Tal vez por ello, un particular invocó el pasado mes de de marzo la Ley de Transparencia para exigir al Ministerio de Defensa el detalle de "los contratos, tanto de compra como de venta, con sus relativos importes y países de origen y destino, que incluyan transacciones de cualquier tipo de armamento, ya sean armas cortas, largas, munición de cualquier calibre y tipo, armas autopropulsadas, vehículos ligeros y/o pesados, ya sean terrestres, marítimos o áereos, explosivos o cualquier otro material cuyo destino sea bélico".
Lo que de alguna forma hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, accidentalmente o no, el pasado mes de septiembre con el contrato de venta de 400 bombas de alta precisión a Arabia Saudí y que metió al Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los mayores embrollos en los que se ha visto envuelto en los escasos cinco meses que lleva de mandato. Hasta el punto de que estuvo a punto de echar por la borda un contrato millonario de Navantia para la construcción de cinco corbetas, esencial para garantizar la carga de trabajo en el astillero público.
Protegido por un Consejo de Ministros de 1986
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -el órgano estatal creado para velar por garantizar el acceso a información que debe ser pública por parte de los ciudadanos- rechaza en este caso la solicitud y para ello invoca un acuerdo de Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias como susceptibles de enmarcarse en la Ley de Secretos Oficiales, y que incluye en ese ámbito "la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico".
Al margen de esta restricción legal, Transparencia también recuerda que la identificación del material de defensa adquirido por el Reino de España "indica las carencias que en esa materia tiene nuestro país" y que esta circunstancia afectaría a "la seguridad nacional, pues pondría de manifiesto y haría públicas las distintas capacidades militares de España, el consiguiente perjuicio potencial que supondría la divulgación de esa información".
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