El Gobierno pondrá en marcha "medidas e instrumentos" para frenar el incremento de los delitos de odio hacia las personas LGTBI porque defiende que la denuncia falsa que presentó un joven en Madrid sobre una agresión que nunca existió no debe servir para banalizar la realidad del aumento de estos delitos un diez por ciento en el último año. Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como su portavoz, Isabel Rodríguez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, han lanzado este jueves mensajes contundentes de la preocupación del Gobierno sobre el aumento de agresiones homófobas.
Por eso Moncloa mantiene la convocatoria de la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, que el propio Sánchez convocó de urgencia tras una denuncia de una supuesta de agresión homófoba en Madrid sufrida por un joven de 20 años que admitió finalmente a los agentes que no existió, sino que mantuvo relaciones consentidas. "Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad. La realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales", ha señalado este jueves Pedro Sánchez, que en Gijón ha reiterado el "compromiso" del Gobierno para con "la tolerancia, el respeto y la diversidad".
Sobre esta denuncia falsa también se ha pronunciado Marlaska para pedir no banalizar los delitos de odio y descartar su dimisión: "Yo la única responsabilidad que asumo es la de seguir trabajando, y lo que me preocupa mucho es que, ante un acontecimiento como éste, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un diez por ciento". El ministro ha negado que contara con información del cambio de declaración del joven. "Evidentemente, me enteré ayer a media tarde, cuando declaró el denunciante, que modificó su declaración, y buena prueba de ello es que inmediatamente el propio Ministerio dio la noticia y expuso lo que había acontecido en el desarrollo de la investigación", ha asegurado.
Desde el PP, sin embargo, su líder, Pablo Casado, ha pedido la dimisión del ministro por usar la supuesta agresión para atacar otros partidos y ha acusado a Sánchez de hacer un uso "partidista" de la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. "Marlaska no puede seguir porque ya llueve sobre mojado", ha asegurado Casado, que ha defendido que es la segunda vez que el Gobierno usa agresiones para atacar a otros partidos, pues a su juicio también lo hizo en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid con las cartas amenazantes que recibieron varios políticos.
Fuera del terreno político, La Policía Nacional ya ha enviado al juzgado el atestado completo de la investigación y será la Fiscalía quien decida si le imputa simulación de delito. La causa está pendiente de reparto entre los juzgados de instrucción de Madrid, según han informado a Efe fuentes jurídicas, pero en todo caso tendrá que ser la Fiscalía la que decida si impulsa la acción contra él por simulación de delito, siempre y cuando no se persone en la causa ninguna acusación popular.
En caso de no pedir la imputación del individuo, el caso se archivará, según estas mismas fuentes. La simulación de delito, tipificada en el artículo 457 del Código Penal, contempla una multa de seis a doce meses de cárcel para la persona que, ante algún funcionario, "simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales". Las asociaciones LGTBI han insistido en no poner el foco en este caso sino en la realidad que sufre el colectivo, con un repunte de las agresiones en el primer semestre, aseguran desde COGAM, de más de un 40%.
Tanto COGAM como la FELGTB admiten el daño que hace la falsa denuncia porque puede generar a la opinión pública la idea de que el problema "no es grave". "El joven ha cometido un error. Creemos que es consciente de lo que ha hecho y está arrepentido", afirma a Efe Ronny de la Cruz, portavoz de COGAM, que mantiene su convocatoria de concentración en la Puerta del Sol para este sábado. Para el secretario de la FELGTB, Ignacio Paredero, es necesario seguir reivindicando "soluciones", ya que se está produciendo un aumento de los delitos de odio en las últimas semanas con los casos denunciados de Valencia, Toledo y Melilla.
El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid abrió hace unos días diligencias previas tras recibir por reparto el parte de lesiones de la Policía Nacional a raíz de la denuncia falsa de un joven que aseguraba haber sufrido una agresión homófoba en el barrio de Malasaña, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. El caso dio ayer un giro por completo después de que la falsa víctima confesara a la Policía que interpuso una denuncia simulada a instancias de su novio, que desconocía lo ocurrido, y para ocultarle que las laceraciones que tenía en el glúteo fueron fruto de una práctica masoquista consentida con otros dos hombres.
Ahora, habrá que esperar a que la Policía remita el nuevo atestado con los hechos tal y como sucedieron a reparto del Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla, teniendo que asumir el asunto otra vez por antecedentes el titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid. Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que todo parece indicar que será por la comisión de un delito de simulación de delito, que implica multa de entre seis y doce meses. El caso se podría dirimir en un juicio de faltas, que podría celebrarse en unos meses.
El artículo 456 del Código Penal establece que el delito de denuncia falsa se refiere a los que, "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación" responde el penalista. Mientras que el artículo 457 del Código Penal se refiere "al que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses".
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