Gobierno propone a Ester Arizmendi para presidir el Consejo de Transparencia

Madrid, 14 nov.- El Gobierno ha propuesto que Ester Arizmendi, hasta hace poco directora general de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sea la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante un periodo de cinco años.

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la propuesta de Arizmendi, cuya designación deberá aprobar el Congreso por mayoría absoluta después de comparecer ante la Comisión de Nombramientos, ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior.

Arizmendi, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración Pública, donde ha ocupado diversas responsabilidades vinculadas a la modernización de la gestión pública y la mejora de la calidad de sus servicios.

Sáenz de Santamaría la ha considerado también una candidata idónea para el cargo por su experiencia en la implantación de nuevas tecnologías.

"Para controlar el funcionamiento de la Administración es conocerla y el mejor planteamiento es estar dispuesto a mejorarla. Entendemos que es una muy buena propuesta. Hemos elegido a lo mejor que tenemos en la Administración para hacer una administración mejor", ha comentado la vicepresidenta.

Arizmendi pertenece a los cuerpos Superior de Administradores Civiles del Estado, Superior de Administración Local y de Técnicos de Administración General.

Ha sido coordinadora del área del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública durante trece años y desde 2007, subdirectora general de Planificación de Recursos Humanos del Ministerio de Administraciones Públicas.

En 2012, fue nombrada directora general de Modernización Administrativa, que ha desempeñado hasta hace poco.

El Gobierno aprobó el pasado 31 de octubre el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que entrará en funcionamiento en diciembre coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.

El cometido de este organismo, entre cuyos miembros habrá un diputado, un senador, un miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo, es garantizar el cumplimiento de la nueva ley y la promoción de la transparencia de la actividad pública.