El Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo para ampliar algunas de las medidas contempladas en el llamado "escudo social". El incremento del número de contagios y las restricciones que cada semana va a más han obligado al Ejecutivo a extender, a última hora, un conjunto de normas que se pusieron en marcha con motivo de la pandemia y que expiraban el próximo día 31. De esta forma, en el Consejo de Ministros de este martes va a prorrogar, además de los ERTE, las moratorias que se activaron hace casi once meses para proteger a los inquilinos y a los consumidores vulnerables.
Este conjunto de medidas del "escudo social" se prolongarán hasta mayo, que es cuando finaliza -el día 9- el actual estado de alarma. Una de ellas es la prórroga automática de los contratos de alquiler que expiren en este periodo. A partir del 1 de febrero, esos acuerdos contractuales entre propietario e inquilino quedarán prolongados hasta mayo. Asimismo, el Gobierno también extenderá los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda, bancos y fondos de inversión, esencialmente, o una entidad pública. Se considera "gran tenedor" al propietario que disponga de diez o más viviendas.
En el mismo decreto que verá la luz en el Consejo de Ministros de este martes también se incluirán una prórroga, hasta el fin del estado de alarma, de las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo. Estas dos medidas ya fueron anunciados por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
El acuerdo llega después de semanas de negociación en el seno de la coalición. De hecho, los acuerdos para la prórroga de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda han llegado hace apenas unas horas.
Fuentes de Unidas Podemos han mostrado su satisfacción por el resultado de estas conversaciones con el PSOE. Los morados consideran que estas medidas eran absolutamente necesarias para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma y que hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuente con un hogar.
Esta ampliación del "escudo social" llega mes y medio después de que el Gobierno prohibiera los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a familias vulnerables hasta el final del estado de alarma. En esa ocasión el pulso entre socialistas y morados también fue intenso.
El acuerdo en la coalición para ampliar el "escudo social" llega en plena polémica por la reforma de las pensiones y el 'affaire Escrivá'. El terreno en el Gobierno se ha embarrado por un asunto central para ambos partidos. De hecho es, probablemente, la principal discusión que ha vivido el Ejecutivo en los últimos meses. Recortar las pensiones estaba -como se desveló en estas páginas- en el plan inicial del Gobierno. Unidas Podemos se opuso y Escrivá tuvo que difuminar el primer documento enviado a Bruselas. Es más, el tono del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no augura que las negociaciones en marcha vayan a ser un camino de rosas. Lo asumen tanto en el PSOE como en Unidas Podemos.
El conflicto por las pensiones, además, no está cerrado. Los de Pablo Iglesias han ganado en primera instancia al conseguir que la medida planteada por Escrivá desapareciera, pero desde el área económica del Gobierno ya advierten que queda camino por recorrer en la negociación con Bruselas. "El Plan de Inversiones y Reformas lo tiene que aprobar la Comisión Europea y sin aprobación no hay plan y no habrá fondos", indican fuentes del Ejecutivo. Sánchez, eso sí, ha dado la orden de acordar todas las medidas contenidas en ese documento con los agentes sociales.
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