El Gobierno de coalición atraviesa por un momento de evidente tensión. Se están acumulando diferentes problemas. Lo que antes era comunicación fluida, en los maitines de los lunes se demostraba, está teniendo algunas disfunciones y eso se está notando en el día a día. No es que los canales estén rotos, sigue habiendo los mismos, pero sí está faltando información compartida en decisiones de calado. Todo esto coincide con un momento clave de la legislatura, cuando PSOE y Unidas Podemos comienzan a negociar sus segundos Presupuestos, los de la recuperación. Hay, además, tres asuntos paralelos a esas cuentas públicas que complican el escenario y, por tanto, el futuro a corto y medio plazo en el seno del Ejecutivo.
El problema entre los socios de coalición es doble: por un lado, una parte de la información de alto nivel ha dejado de fluir, según explican diferentes fuentes gubernamentales. Es una nueva etapa, un cambio de dinámicas, pero ello ha provocado que Podemos se entere prácticamente por la prensa de determinadas medidas y decisiones, algunas de estado. Los morados, por poner un ejemplo, no conocían la fecha concreta en la que Pedro Sánchez iba a llevar los indultos al Consejo de Ministros (en estas páginas se publicó que el día marcado en rojo en el calendario de Moncloa era el 22 de junio). Algo similar ocurrió con la configuración de la nuevafactura de la luz.
No es un problema nuevo. Basta recordar el malestar de Unidas Podemos cuando no fueron avisados de la fusión de CaixaBank y Bankia bendecida por Economía. Pero sí ha surgido en un momento en el que el Gobierno encara la recuperación y, por tanto, está empezando a lanzar su agenda legislativa. El día a día, por tanto, se ha complicado.
Antes, desde prácticamente el inicio de la andadura del Gobierno conjunto, Pablo Iglesias acudía semalmente a Moncloa para interlocutar con Sánchez y con las otras tres vicepresidentas. Esas citas reservadas engrasaban la coalición. El exvicepresidente delegó entonces en Ione Belarra y Nacho Álvarez la gestión de su exministerio para centrarse él en el marco y las cuestiones más política. Ahora ese perfil no ha sido asumido por Yolanda Díaz, que mantiene un intenso trabajo en el Ministerio de Trabajo y que materialmente no tiene tiempo para un trabajo de 'carpintería' tan intenso. Esto no significa que Díaz se mueva peor que Iglesias en la coalición sino que lo hace de manera diferente, afirman las fuentes gubernamentales consultadas. Esto ha provocado que el PSOE también haya movido ficha y haya reducido el intercambio de información con Podemos. Desde Moncloa, añaden las mismas fuentes, no cuenta a Podemos decisiones de trascendencia aunque no sean de la jurisdicción morada.
Fuentes del área socialista del Ejecutivo restan importancia a estos roces y recuerdan que la vicepresidenta tercera mantiene una estrecha relación con el presidente, diaria incluso. Hace dos lunes estuvo reunido en Moncloa con Sánchez afinando el calendario conjunto de cara al final del curso político. Los socialistas incluso valoran que ahora las discrepancias no se hagan públicas como se hacían en la anterior etapa.
Ley de Vivienda, Salario Mínimo e impuestos
En el terreno político, tres son los asuntos que tensionan la coalición de una forma que no se había vivido en los últimos meses. Uno de ellos es el Salario Mínimo Interprofesional. Las posturas se encuentran muy alejadas. Díaz está presionando para que la subida se apruebe este verano y para ello está empleando diferentes argumentos, como que el alza no tenga efectos retroactivos. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, apunta, por su parte, a esperar a los datos de empleo del segundo semestre para tomar una decisión. Sánchez no se ha mojado ni por una ni por otra. Todo se decidirá en el diálogo social con empresarios y sindicatos.
La Ley de Vivienda y, esencialmente, la regulación de los alquileres es otro asunto que está generando alta tensión entre PSOE y Unidas Podemos. La semana pasada fue complicada. El Ministerio de Transportes trasladó a sus socios una propuesta en la que planteaban dos novedades: un mecanismo, sin concretar, para poder bajar los precios de los arrendamientos y, a su vez, la posibilidad de subir un 10% determinados contratos. Este segundo punto provocó una crisis con UP, que ha reclamado eliminarlo de la negociación.
En los Presupuestos Generales de 2022 que han comenzado a prepararse en los ministerios también se espera una intensa batalla en la coalición. El principal motivo de discrepancia es la reforma fiscal que, según Unidas Podemos, deberían incluir las cuentas públicas expansionisas que se están preparando. Los morados quieren plantear una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, una batalla que a fue objeto de debate en los PGE de 2020 pero que quedó aplazada por la crisis. El PSOE, por su parte, prefiere esperar a las conclusiones del comité de expertos que ya está trabajando y, por tanto, llevar esa reforma a posteriores proyectos de ley. Es importante recordar que los nuevos impuestos sólo se pueden crear vía proyectos de ley mientras que los ya en vigor se pueden modificar vía presupuestaria. El debate se prolongará, avisan, en los próximos meses.
Que haya tensiones en el Ejecutivo no significa, sin embargo, que la coalición corra riesgo de ruptura. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos sigue teniendo la llama encendida. Las elecciones siguen fijadas para finales de 2023.
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