El Ejecutivo ha incluido dentro del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas una partida de 40 millones de euros para evitar el colapso en Justicia. En concreto, esta dotación irá destinada, una vez haya cesado el estado de alarma, a agilizar la Justicia en los ámbitos mercantil, contencioso y social ante la avalancha de demandas que se prevé que se presenten relacionadas todas ellas con asuntos relativos a despidos, ERE, ERTE o actuaciones contra la Administración como consecuencia de las medidas acordadas para hacer frente a la crisis sanitaria.
Esta partida se engloba dentro de los 28.403 millones de euros reservados a medidas de gasto público discrecional y que forman parte, a su vez, del monto cercano a los 35.000 millones que el Ejecutivo destina para paliar los efectos de la crisis. De acuerdo con el documento que ha presentado en rueda de prensa la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, estos planes de agilización de la Justicia ya vienen recogidos en el Real Decreto-Ley 11/2020.
En la disposición adicional decimonovena de la norma se precisa que, una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, y a propuesta del Ministerio de Justicia, se aprobará a la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes Social y Contencioso-Administrativo así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
Se trata de una previsión que ya contempló el Ministerio de Justicia en su Real Decreto de medidas procesales aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, también impulsó un plan de choque junto con otros actores de la Administración de Justicia haciendo especial hincapié en estos órdenes jurisdiccionales en los que se teme una entrada mucho mayor de asuntos, especialmente por las consecuencias de las medidas aprobadas por el Ejecutivo en clave económica para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.
En la norma de Justicia se impulsaron una serie de medidas destinadas principalmente a gestionar de la manera más eficiente el previsible aumento de litigiosidad que se va a registrar toda vez se reanude la actividad judicial suspendida por el CGPJ, a excepción de los servicios esenciales. De este modo, el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo acordó la tramitación preferente en todo el ejercicio de 2020 de todos los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas en el orden contencioso.
En lo social tendrá prioridad lo relativo a procesos de despido, extinción de contratos, los conflictos por las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido recuperable y finalmente los procedimientos para impugnar los ERTE planteados en estado de alarma, de acuerdo con el Real Decreto de Justicia que también prioriza la tramitación de aquellos casos en los que se aplique la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales. De hecho, en lo relativo a este último punto, Justicia amplió el plazo para solicitar concurso de acreedores hasta diciembre de 2020.
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