El Gobierno ha esperado seis meses para restaurar la normalidad en el proceso de control de calidad sobre los materiales de protección - los célebres EPI- que se importan de fuera de nuestras fronteras para su uso en España. A partir de este 1 de octubre cualquier mascarilla, guante, bata o kit integral de protección que se adquiera para su uso en el país deberá contar con el reglamentario marcado CE, que acredita el cumplimiento de los exigentes estándares de calidad vigentes en el área europea con independencia de que el fabricante sea europeo o de cualquier otro país del planeta y cuya obligatoriedad fue suspendida en los primeros compases de la crisis cuando las autoridades sanitarias de los países de media Unión Europea tuvieron que enfrentarse al riesgo cierto de un desabastecimiento.
El Ministerio de Industria, bajo cuya competencia están los procedimientos de control sobre la calidad y la seguridad de los productos industriales, ha decidido no prorrogar el régimen transitorio implantado a finales de marzo y regresar al procedimiento anterior a la pandemia tras constatar que "el abastecimiento de este tipo de productos ha mejorado considerablemente" en los últimos meses. Así se recoge en una resolución fechada el pasado 28 de septiembre en la que no sólo se reimplanta el orden de cosas anterior a la pandemia sino que se habilita también un periodo transitorio hasta final de año para que las administraciones y empresas que hayan adquirido material de protección sin marcado CE, pero que cumple las especificaciones legales, puedan dar salida a ese material sin enfrentar ningún tipo de problema.
En concreto, Industria habilita hasta el próximo 31 de diciembre como plazo transitorio para recibir el material de protección sin marcado CE adquirido en fecha anterior al 1 de octubre y permitirá comercializar productos sin marcado CE también hasta esa fecha siempre que la empresa vendedora pueda certificar que forman parte del stock acumulado por alguna de las remesas encargadas antes del 1 de octubre. La resolución ministerial aclara que este régimen transitorio es aplicable únicamente a la recepción y comercialización de ese material y no establece ninguna restricción adicional sobre el uso que se pueda hacer del mismo.
Por el contrario, las nuevas adquisiciones de material de protección que Administraciones Públicas, empresas o particulares realicen a partir del 1 de octubre solo estarán dentro de la ley si acreditan el preceptivo marcado CE. El tema no es en absoluto irrelevante ya que condiciona la política de compras de todo el tejido productivo doméstico, que tiene la obligación legal según la normativa vigente de proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección necesarios y adecuados para poder desarrollar sus tareas en condiciones de seguridad.
La oscura huella de las 'mascarillas fake'
Agobiado por el desabastecimiento general de material de protección para el personal sanitario, el Gobierno optó el pasado 20 de marzo por abrir las compuertas a la importación masiva de EPI procedentes de China y suspender transitoriamente la norma interna que exigía la certificación del marcado CE para todo ese tipo de material. El cambio legal habilitó al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas para importar sin restricciones productos sin el preceptivo certificado CE, siempre que al menos contaran con la certificación oficial china (KN95) o de EEUU (Niosh), en un intento por sortear las tremendas dificultades de un mercado saturado de pedidos por la expansión global de la Covid-19.
La maniobra permitió, no sin dificultades, resolver los graves problemas de desabastecimiento que convirtieron en heroica la respuesta del personal sanitario al primer embate de la pandemia, trabajando sin material de protección alguno y totalmente expuestos al virus. Pero también tuvo su reverso oscuro. Las Administraciones Públicas españolas gastaron cientos de millones de euros en kits de protección que en numerosos casos no cumplían las especificaciones mínima de seguridad exigibles y alimentaron el fenómeno de las denominadas 'mascarillas fake', que fueron distribuidas de forma masiva sin control alguno sobre su calidad.
A pesar de estos episodios, el Gobierno ha optado por mantener ese régimen transitorio hasta el último día previsto en la normativa aprobada en los primeros compases de la crisis - 30 de septiembre - y ha permitido de esta forma que las empresas y administraciones públicas que lo haya considerado oportuno construyan su reserva estratégica de equipos de protección para una eventual segunda oleada bajo este régimen transitorio y no ya bajo la preceptiva certificación UE.
No lo ha hecho así el Ministerio de Sanidad, que sí ha exigido el marcado CE en el acuerdo marco para realizar una macrocompra de recursos sanitarios que garanticen una reserva estratégica. El monto al que asciende la operación podría alcanzar los 2.431,79 millones. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -bajo la batuta de la cartera de Illa-, ha abierto el plazo para que aquellos que se postulen como suministradores puedan ofertar por once lotes de productos. El objetivo que persigue la estrategia, según trasladó el Ejecutivo, es el de aguantar dos años y aprovechar las economías de escala para recortar gasto.
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