El Gobierno rectifica y no eleminará, de momento, como tenía previsto, las cabinas telefónicas. El objetivo era que empezaran a desaparecer a partir del día 1, pero ha decidido a última hora y contra todo pronóstico que este servicio público siga formando parte de las prestaciones incluidas dentro del servicio universal de telecomunicaciones.
El real decreto que se aprobará mañana elimina la obligatoriedad de dos de las prestaciones incluidas dentro del servicio universal -las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre números de abonado-, pero, por ahora, se mantienen las demás, han indicado a Efe fuentes del sector.
En el caso de las cabinas, el Gobierno ha decidido prorrogar brevemente la situación actual y aprovechar la próxima trasposición a España del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (para lo que hay un plazo de dos años) para hacer un análisis más completo y exhaustivo sobre el modo en que ir retirando prestaciones del servicio universal de telefonía.
Según diversas fuentes, el objetivo era que el real decreto que debe aprobar mañana el Consejo de Ministros estableciese que ya no fuera obligatorio mantener un número suficiente de cabinas, que han permanecido durante 90 años, pero que apenas se usan en la actualidad. Las guías y el servicio de información sobre números de abonado seguirán prestándose en situación de competencia, independientemente de los mínimos que marque la ley, pero en el caso de las cabinas había dudas, por ejemplo, sobre la idoneidad de marcar unos plazos para su retirada, según las citadas fuentes.
Al no ser eliminadas las cabinas como servicio universal en el real decreto, Telefónica tendrá que seguir prestando ese servicio, no incluido, al igual que las guías telefónicas y la información telefónica sobre números de abonados, en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
El último concurso quedó desierto
Actualmente hay en España unas 16.000 cabinas en la vía pública, un servicio que es prestado por Telefónica, a la que el anterior Gobierno designó directamente para llevarlo a cabo después de que el último concurso convocado quedara desierto.
Los teléfonos públicos forman parte del servicio universal con el que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible. Esto implica llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas zonas no rentables, contar con cabinas telefónicas, guías de teléfonos y servicios adaptados para personas con discapacidad y, desde 2012, el acceso a la banda ancha.
En el caso de las cabinas, tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000. El anterior Ejecutivo se mostró a favor de eliminar la obligatoriedad referida a las cabinas en un borrador de real decreto que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de sacarlas del servicio universal ante su falta de uso.
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