Solo en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió ante los tribunales económico-administrativos dos veces más resoluciones desfavorables del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que los gobiernos de Mariano Rajoy en los cuatro ejercicios anteriores. No es una casualidad estadística. En 2018, el Consejo emitió 351 resoluciones que de modo parcial o total instaban al Gobierno Central o a los organismos autónomos o entidades dependientes del mismo a proporcionar alguna información que éstos entendieron que no debía ser pública y Transparencia estimó que los solicitantes tenían derecho a conocer. De esa cifra total, se cumplieron 288 (el 82%) y se recurrieron ante los tribunales 18 (5% del total). En 2019, la cifra de resoluciones desfavorables aumentó un 17%, el porcentaje de que el Gobierno cumplió de forma automática cayó al 70% y la cifra de las que se recurrieron ante los tribunales se duplicó hasta las 43.
Por ejemplo, la Administración Sánchez ha preferido acudir a los tribunales a proporcionar información que el Consejo de Transparencia - el organismo público que vela por la correcta aplicación de la legislación nacional sobre el asunto- consideraba que debía ser pública sobre las conversaciones de su Gobierno con la Santa Sede a propósito de la exhumación de los restos de Franco, sobre los medios de transporte utilizados por el presidente del Gobierno en sus desplazamientos, sobre los fallecimientos de internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros, sobre su política de contratación de asesores o sobre los detalles de las actuaciones de organismos públicos como la CNMV o el ICAC en el proceso de intervención del Popular.
No es una tendencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Entes y organismos públicos como Renfe, ADIF o RTVE han cogido por costumbre recurrir las resoluciones más incómodas del Consejo de Transparencia - singularmente aquellos que les obligan a detallar la identidad o las condiciones salariales de sus cuadros directivos, sus asesores nombrados a dedo o los presentadores estrella de su parrilla- a los tribunales contencioso-administrativos para ahorrarse el mal trago de revelar una información que hasta la fecha ha permanecido oculta y dilatar a golpe de recurso judicial cuanto más mejor el cumplimiento de los nuevos estándares de transparencia establecidos por ley en 2015, pero que en muchos lugares de las Administraciones Públicas aún se niegan a aplicar.
Funcionarios de la Administración no ocultan sus sospechas de que, en muchos casos, el recurso a los tribunales se ha convertido en una estrategia para esquivar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia ante la galopante falta de recursos que arrastra el organismo y que le obliga a seleccionar las causas en las que implicarse judicialmente. Entre 2015 y 2018, Transparencia ha tenido que invertir 200.000 euros de un presupuesto exiguo en la contratación de abogados para litigar con el Estado, ya que el convenio para la representación legal del organismo público suscrito con la Abogacía del Estado no cubre en buena lógica los litigios de Transparencia con el Estado, en los que la Abogacía ejerce la defensa de la Administración.
En los últimos dos o tres años, y al calor del incremento de la litigiosidad con el Estado, a Transparencia no le ha quedado más remedio que sacar a concurso su representación legal en estas causas y este mismo año 2020 se han visto obligados a mejorar en un 50% la dotación económica de este contrato ante la evidencia de que la carga de trabajo asociada al mismo es cada vez más elevada.
La presión financiera a la que la creciente litigiosidad con las Administraciones Públicas somete al Consejo de Transparencia se agrava porque desde hace tres años opera con el presupuesto cercenado de 2,2 millones de euros que le dejó la agitada negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos de 2018, que en su caso se saldó con un recorte presupuestario del 22% para el organismo. Cerca del 95% del mismo se lo llevan los costes de mantenimiento de una plantilla de apenas 22 personas, muy alejada de las necesidades reales de un organismo llamado a velar por la correcta aplicación de la regulación de transparencia en el amplio abanico de sujetos obligados por la norma: administraciones públicas, organismos autónomos, consorcios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, perceptores de subvenciones públicas...
El cuadro se completa con una situación de abandono institucional, que consiente, por ejemplo, que el organismo lleve sin presidente desde el año 2017, tras el triste fallecimiento de la que hasta la fecha ha sido la primera y única presidenta del organismo, Esther Arizmendi.
Los últimos datos proporcionados por el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia no permiten albergar esperanzas respecto a un cambio de perspectiva del Gobierno respecto al tema de la transparencia tras el acuerdo de coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En lo que va de año, el porcentaje de resoluciones desfavorables cumplidas por la Administración del Estado ha caído del 70% del año pasado al 66% y ya se han recurrido al contencioso-administrativo cuatro resoluciones, entre ellas una que pedía aclarar el sistema de contratación y pago de medicamentos y otra que pedía acceder a los criterios de la Abogacía del Estado para interponer recursos.
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