La subcomisión del Congreso encargada de elaborar un informe con recetas para reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores ha descartado este miércoles que todos los candidatos a presidir las autoridades independientes y los órganos reguladores sean elegidos mediante un concurso público y apuestan por que sigan siendo propuestos por el Gobierno. Inicialmente, el PSOE y Más País habían abogado por modificar la ley para que todos estos directivos fueran elegidos con el método del concurso público que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Así lo plantearon en el borrador que la subcomisión de Calidad Democrática tomó como texto base para la elaboración de su informe.
Sin embargo, la semana pasada el PSOE renunció a esa idea del concurso público en una enmienda que ha sido aprobada este miércoles en la subcomisión, también con el apoyo del PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Los socialistas ahora ya no ven necesario promover "una normativa que afecte a todas las autoridades independientes por igual" y que introduzca "la obligatoriedad de que el Ministerio correspondiente publicara, antes del nombramiento, una convocatoria pública de candidatos y candidatas". La mayoría ha avalado suprimir ese textual del informe.
Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Quedaría fuera el Banco de España. En este contexto, a finales de enero la subcomisión ya aprobó una enmienda del PSOE para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, pero también avaló otra de Más País que apuesta por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.
En sus enmiendas, el PP rechazaba la propuesta inicial del PSOE y Más País de unificar el sistema para su designación a través de una convocatoria pública de candidatos, una fórmula que tampoco avalaba Vox. Por contra, Ciudadanos, que siempre ha defendido concursos públicos para la elección de este tipo de cargos, no presentó enmiendas a este punto, como tampoco hicieron Unidas Podemos, ERC ni Bildu.
Así, como han defendido 'populares' y socialistas la subcomisión recomendará que los máximos responsables de las administraciones independientes sigan siendo propuestos por el Ejecutivo, a lo que no pone pegas el PNV, si bien los nacionalistas vascos han defendido que el Gobierno motive su elección.
Examen ante el Congreso
Una vez el Ejecutivo proponga candidatos, deberán comparecer en el Congreso antes de ser nombrados para someterse a un examen de idoneidad que despeje dudas sobre eventuales conflictos de intereses. La subcomisión ha aprobado una enmienda de Ciudadanos para que se modifique el formato de esas comparecencias y se garantice la "correcta fiscalización" de los aspirantes por parte de los grupos parlamentarios.
El PSOE y Más País quieren crear para ese trámite una comisión especializada en lugar de que ese dictamen lo emita, como es habitual ahora, la comisión encargada de la materia correspondiente objeto de regulación, una idea que el PNV rechaza de plano puesto que sostiene que los portavoces especializados están en las comisiones sectoriales y son quienes deben examinar a los aspirantes.
Además, socialistas y Más País aspiran a que esa Comisión de Nombramientos reforzada tenga más poderes para investigar el perfil de los candidatos y someterles a un examen más exhaustivo y con más poderes para controlar.
Sin embargo, el PP rechaza esas modificaciones, aunque admite que el dictamen de idoneidad de los aspirantes a la presidencia de las autoridades independientes tenga que ser aprobado por mayoría cualificada y que en ningún caso pueda salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario, como propone el borrador de conclusiones.
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