Las explicaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, siguen generando polémica, tras asegurar este miércoles que desde la Federación no se hizo ningún pago a Kosmos, la sociedad de Gerard Piqué, si no que fue Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa en ese país. El pasado lunes se conocieron unos audios que desvelaban el cobro de comisiones entre el jugador del Barcelona y el presidente de la RFEF por trasladar la competición española allí, cuya cantidad ascendía a 24 millones de euros. Hoy ha sido cuando el Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha decidido apretar a Rubiales y le pide que se "replantee" la sede pactada para el torneo. En concreto, tras tachar de "reprobable" desde un punto de vista moral y ético la disputa en Arabia Saudí, ha asegurado que se trata de un asunto "preocupante".
"Es reprobable desde el punto de vista moral y ético y ojalá se lo replanteen", ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada al respecto. Asimismo ha asegurado que le cuesta comprender como un campeonato nacional se celebre en otro país porque de este modo "se priva" a la afición de poder participar en él, según ha opinado, y ha apuntado que "lamentablemente" la Federación "no recibe dinero público" y por tanto el Estado no ha podido realizar una fiscalización.
Este miércoles, Rubiales salió a desmentir la información que salió a la luz estos días e hizo especial hincapié en que Piqué no ha recibido ni un euro de la RFEF y que las comisiones vienen de Arabia Saudí: "No existe ninguna comisión económica entre Kosmos y la RFEF. El dinero que ha recibido Piqué proviene del propio país. Además, el presidente ha puesto el foco en la filtración de los audios: "Tengo una gran indignación por las falsedades que se están publicando. Han sustraído de manera ilegal información de mi móvil". También ha justificado que haya tardado dos días en dar explicaciones: "No he salido antes porque tenemos un contrato con Arabia Saudí de confidencialidad".
Asimismo, también puso en el punto de mira la legalidad de los contratos y aseguró que en la operación no existen conflictos de intereses ni de competencias: "En la RFEF no nos regimos por la ética de ninguna persona de la Federación. Nos regimos por tres filtros y hemos superado los tres". Por otra parte, ha puesto en valor la iniciativa de Gerard Piqué: "Ojalá haya más futbolistas como Piqué, con otras actividades además del fútbol". Además, ha denunciado una campaña de acoso y derribo contra su persona: "Llevo cuatro años en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petición de inhabilitaciones contra mi persona y esta institución, pero se están pasando ciertos límites"- ha subrayado en la rueda de prensa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha recibido la primera denuncia contra el capitán del equipo blaugrana y el máximo responsable del organismo deportivo por el contrato que se selló en 2019 para llevar la Supercopa de España en Arabia Saudí durante seis años, por lo que ahora deberá estudiar si los hechos expuestos son constitutivos de delitos. Por el momento, según han indicado fuentes jurídicas a La Información, el Ministerio Público no tiene bajo su lupa este contrato que se firmó con la empresa pública saudí Sela al no haber tenido información que le haga sospechar de la existencia de conductas ilegales, sino tan solo conocimiento de unos audios y documentos publicados en medios de comunicación.
No obstante, la presentación de la denuncia por parte de Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), podría cambiar el panorama. Ahora, Anticorrupción debe analizar si los hechos descritos en la denuncia relacionados con el 'pelotazo' de 24 millones de euros pueden ser presuntamente delictivos antes de decidir si abre una investigación preliminar que le permita recabar pruebas que acrediten o descarten las ilegalidades.
Tanto Piqué, presidente de Kosmos Holding -empresas con la que se realizó el contrato-, como Rubiales han asegurado que todo se hizo bajo la legalidad y que no tienen nada que esconder. No obstante, el pacto ya se encuentra bajo el radar de algún que otro organismo para descartar cualquier anomalía. El Consejo Superior de Deportes (CSD), encargado de velar por la legalidad de las operaciones que lleve a cabo la RFEF, es uno de los que puede supervisar dicho contrato. Tal y como señala su Código de Buen Gobierno, el consejo debió estar informado de todas y cada una de las negociaciones que se llevaron a cabo con Arabia Saudí. Se da la circunstancia de que la federación recibe un 0,5% del dinero que genera el fútbol profesional, así como subvenciones públicas.
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