El Gobierno está dispuesto a casi todo para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y poder esquivar el veto permanente que el PP va a ejercer en el Senado gracias a su mayoría absoluta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió ayer con el equipo económico de Unidos Podemos en una cita que sirvió para plantear cómo modificar el polémico artículo 15.6, que es donde se contempla que los objetivos de déficit y el techo de gasto tienen que recibir el visto bueno tanto del Congreso como del Senado. El Ejecutivo y la formación morada plantearon varias opciones para poder sortear esa censura que los populares ya han puesto en práctica. Es una rectificación en toda regla ya que el Gobierno siempre se había mostrado hasta ahora contrario a tal reforma.
Una de las opciones que el Gobierno va a explorar es la de llegar al Tribunal Constitucional. El equipo de Montero acordó con Podemos la posibilidad de interponer un conflicto de competencias entre Congreso y Senado y poder salvar así ese veto permanente del PP en la Cámara Alta. Se trata de un mecanismo legal que ya fue planteado en 2016, por ejemplo, cuando el Gobierno de Rajoy en funciones se negó a someterse al control parlamentario. El TC concluyó entonces que el Ejecutivo estaba vulnerando la Constitución al no acudir a ofrecer explicaciones parlamentarias.
Fuentes de la negociación explican a La Información que la ministra de Hacienda y su equipo se comprometieron en la reunión de este jueves que mantuvieron en la sede del ministerio a explicar la posibilidad de plantear un conflicto de competencias para modificar la Ley de Estabilidad. El Gobierno confirmó que será la Abogacía del Estado quien, a partir de ahora, comience a trabajar para concretar cuál es la mejor vía para modificar dicha ley.
Otras opciones que se pusieron sobre la mesa en la cita que mantuvieron Gobierno y Podemos pasan por aprobar la modificación a través de un real decreto que luego debería ser convalidado en el Congreso, hacerlo vía proposición de ley o, incluso, aprobar una nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que modifique la actualmente en vigor.
Expertos constitucionalistas consultados por La Información valoran esta última como la opción más factible: "Una ley orgánica nueva sustituiría a otra ley orgánica, sería lo más rápido", explica Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. En cambio, el trámite de conflicto de competencias encontraría alguna dificultad, por ejemplo de tiempos, en el Tribunal Constitucional y retrasaría todos los trámites a la espera de su pronunciamiento.
El PP, por su parte, también están dispuestos a llegar al máximo órgano constitucional. Génova se encuentra a la espera de conocer la fórmula que finalmente adopta el Gobierno para intentar salvar el veto del Senado a la Ley de Estabilidad y tomar una decisión. Fuentes del equipo económico popular aseguran que no descartan plantear el preceptivo recurso al TC. La decisión la tomarán cuando conozcan el trámite que finalmente adopta el Ejecutivo de Sánchez, explican.
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