El Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros del curso políico, el del próximo 3 de agosto, una prórroga más del llamado "escudo social" que se desplegó durante la pandemia ante la situación de emergencia que vivieron millones de familias y que caduca el próximo día 9. PSOE y Unidas Podemos han cerrado las negociaciones para alumbrar un real decreto que amplíe la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos -agua, luz y gas-. Con esta decisión el Ejecuivo de coalición asume de la recuperación económica y social aún no es una realidad.
PSOE y Unidas Podemos apuraban anoche las horas para prorrogar un anuncio en la línea al que protagonizó Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso donde expusó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pasado 14 de abril. Las medidas El conjunto de medidas de índole social aprobadas hace ya más de un año "para evitar que nadie se quede atrás" se prorrogan hasta el 31 de octubre, según confirman fuentes gubernamentales. Las negociaciones las han liderado Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia, e Ione Belarra, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es la primera conversación de alcance que mantiene el sucesor de Carmen Calvo con sus socios de coalición.
Sobre la mesa del COnsejo de Ministros del próximo martes estará, por tanto, ampliar tres meses más el famoso Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, más conocido como "el decreto del escudo social". No todos los puntos están cerrados pero, según fuentes gubernamentales, sí hay acuerdo para prorrogar la suspensión de los procedimientos de desahucios y de lanzamientos para hogares vulnerables sin una alternativa de acceso a una vivienda. En los últimos días la relación entre PSOE y Unidas Podemos se había tensado por varios desahucios en diferentes puntos de España que, dicen en el Gobierno, se deben a que tiene causa de un procedimiento penal. El Gobierno se compromete a reforzar el veto y, especialmente, a ofrecer soluciones habitacionales siempre que no exista una vivienda alternativa.
El Gobierno también tiene sobre la mesa ampliar la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables. Es decir, prohibir durante los próximos meses los cortes de suministro de agua, luz y gas por impagos de los clientes. De forma paralela también se negocia una ampliación del bono social para que determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica y que ahora no tienen derecho puedan acceder a él.
La coalición aprobará, asimismo, ampliar la moratoria del pago del alquiler. Hay que recordar que el Gobierno ya dio luz verde una prórroga extraordinaria de seis meses, hasta noviembre, de los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo. Además de Presidencia y Derechos Sociales, en las negociaciones están participando los ministerios de Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Transición Ecológica, Trabajo, Sanidad e Inclusión.
El Gobierno tiene sobre la mesa ampliar la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables
El Ministerio de Irene Montero, por su parte, plantea una prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y el de José Luis Escrivá propone la ampliación de la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios con un desempeño de su actividad durante la gestión de la crisis sanitaria. Es decir, que puedan trabajar mientras siguen cobrando su pensión.
Para ampliar el llamado "escudo social" el Gobierno va a tener en cuenta los actuales índices de incidencia del Covid y las consiguientes restricciones en todo el país. La situación afecta a la campaña de verano y, principalmente, a un sector clave para la economía nacional, el turismo. Los colectivos sociales, tanto en lo referente a la vivienda como a los suministros básicos, también están presionando al Gobierno para que el decreto vea la luz.
La negociaicón para ampliar ese "escudo social" avanza pero la que se encuentra totalmente estancada en la de la Ley de Vivienda. Los equipos dirigido por Raquel Sánchez y Belarra se reunieron este miércoles por primera vez y la conclusión fue negativa. Las posiciones siguen alejadas en el mismo punto que lo dejó José Luis Ábalos: el PSOE propone incentivos fiscales para rebajar los precios del alquiler y Unidas Podemos plantea un instrumento legal para poder bajarlos. Se avecina un septiembre intenso.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios