Vitoria, 29 may.- El Gobierno Vasco ha acordado hoy dejar sin efecto y recurrir ante el Tribunal Constitucional los recortes en educación y sanidad fijados por el Ejecutivo central, aunque primero intentará convencer al Estado de la invasión de competencias en una comisión bilateral.
Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno.
Mendia ha pedido al Gobierno central la constitución de una comisión bilateral en la que poder dirimir las diferencias sobre este tema y tratar de evitar la vía jurídica.
El País Vasco es la primera comunidad autónoma que autoriza la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra los recortes del Ejecutivo central en sanidad y educación.
Si el Ejecutivo central acepta la petición y accede a constituir una comisión bilateral, el Gobierno Vasco tendrá nueve meses de plazo para interponer los recursos si la vía del diálogo no fructifica y no convence al Ejecutivo de Mariano Rajoy de la invasión de competencias que supone el decreto de ajustes.
Si no se constituye la comisión, tendrá tres meses para formalizar los recursos.
Mendia ha recordado que esta misma vía ya la utilizaron con el recurso que anunciaron en enero contra la aplicación en Euskadi de la congelación salarial de los funcionarios y la ampliación de la jornada laboral.
La portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que esta comisión bilateral aún no se ha creado pero está en vías de hacerlo, ya que hay de plazo hasta septiembre para interponer el recurso.
En el caso de los ajustes en sanidad y educación, ha dicho que van a intentar también la vía negociadora para evitar esperar durante unos plazos muy largos a que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el caso.
Entre tanto, el Gobierno Vasco "dejará sin efecto todas las medidas del decreto del Gobierno de España", lo que no se puede interpretar como un acto de insumisión porque "se cumple la ley", ha indicado.
Preguntada sobre si corre algún riesgo el Gobierno Vasco por dejar sin efecto los recortes, ha dicho que espera que no porque el asunto está en vías de ser tratado en una comisión bilateral o a través de un recurso de inconstitucionalidad.
"Entiendo que el Gobierno de España no tiene por qué interponer ningún recurso pero a veces se plantean pleitos sin base legal y con largo recorrido", ha indicado.
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