El Gobierno y la Generalitat prevén destinar 25,9 millones de euros de inversión para desmontar las playas de peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 nord y C-33 que quedarán sin servicio a partir de las 00.00 horas del próximo miércoles, cuando terminan las concesiones de Acesa e Invicat, ambas empresas del grupo Abertis. En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) destinará 18,4 millones de euros, a los que tendrán que sumarse 8,8 millones en impuestos, para la eliminación de los 48 puntos de pago que existen en la AP-7 desde Salou (Tarragona) hasta La Jonquera (Girona) y la AP-2, que conecta la frontera con Aragón con El Vendrell (Tarragona).
Estas inversiones se incluyen en las cinco licitaciones lanzadas por el Gobierno para la conservación y explotación de estas dos vías que han sido consultadas por Europa Press y que, según fuentes del Mitma, "están en trámites administrativos previos a la adjudicación y posterior formalización de los mismos".
El peaje que cuenta con un mayor presupuesto es el de la salida 9A/9B de la AP-7, en Maçanet de la Selva (Girona), que suma dos puntos de pago y donde se prevé una inversión de 1,92 millones de euros. Por detrás se encuentra la salida 35 de la AP-7, en Vila-seca-Salou (Tarragona), con 1,4 millones de euros, que incluyen la construcción de una glorieta para reordenar el trazado por valor de 891.393,1 euros La salida 32 de la AP-7, en Torredembarra-Altafulla (Tarragona) también supera el millón de euros en inversión, con un total de 1,25 millones, aunque divididos en cuatro obras diferentes ya que existen otras tantas playas de peajes diferenciadas.
Una obra de emergencia
La Generalitat destinará 7,5 millones de euros para la eliminación de las 38 playas de peaje que hay en la C-32 nord y el peaje troncal de Mollet del Vallès (Barcelona) en la C-33. También el Govern sacó a concurso la gestión y mantenimiento de las dos autopistas de su titularidad cuya concesión termina el 1 de septiembre, aunque, según ha explicado el secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Ricard Font, el concurso ha sido recurrido. Por este motivo, Font ha avanzado en un encuentro con la prensa que el próximo martes el Govern aprobará una obra de emergencia para el desmantelamiento de los peajes en ambas vías y para su gestión y conservación mientras no se resuelva el recurso al concurso público.
La Generalitat prevé que los peajes troncales -dos en la C-32 nord y el de la C-33- estén completamente desmantelados antes de fin de año y que los peajes en las entradas y salidas de la C-32 nord se eliminen durante el primer semestre de 2022. Los trabajos de desmantelamiento se iniciarán con la obligación de pasar por tres de las bocanas del peaje -una para cada carril de la marcha- a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se eliminan los extremos de las playas de peajes, antes de desviar el tráfico para permitir la eliminación definitiva.
Duración y trabajos
Según aparece en la licitación para la conservación y explotación del tramo de la AP-7 en la provincia de Tarragona del Mitma, las obras en las dos vías de titularidad estatal tienen un plazo máximo de seis meses, es decir, hasta el 28 de febrero de 2022.
Los trabajos incluyen la creación de viales para sobrepasar las playas de peajes existentes de manera segura y con todas las medidas -señalización vertical de obras, marcas viales de obra, balizamiento, defensas provisionales y ejecución de bandas transversales de alerta- para garantizar la reducción de velocidad. Además, indica que "los trabajos de desmantelamiento de los peajes incluirán la meticulosa desinstalación, el embalaje y el almacenamiento de todos aquellos elementos que tengan un valor económico tal que haga factible una posterior enajenación".
En este sentido indica expresamente cabinas de peaje estándar, automáticas (VTP) y elementos de las vías de pago dinámico (vía T), máquinas expendedoras de tickets de entrada a la autopista, paneles de mensajería variable, semáforos, detectores, barreras y pórticos; mientras que el resto debe ser almacenado para ser vendido como chatarra.
556 kilómetros
Font ha expuesto que el levantamiento de las barreras de los peajes de estas cuatro vías supone liberar 556 kilómetros de carretera de alta capacidad en Cataluña. A partir del 1 de septiembre quedarán 120 kilómetros con peajes explícitos, todos ellos en vías que son de titularidad de la Generalitat y cuyas concesiones terminan entre 2036 y 2039: el Túnel del Cadí (Lleida), el tramo Sant Cugat-Manresa (Barcelona) de la C-16, el tramo Castelldefels (Barcelona)-El Vendrell (Tarragona) de la C-32 y los Túneles de Vallvidrera.
Además, otras seis vías cuentan con peajes a la sombra -el Govern paga una cantidad fija por cada vehículo que pasa-: la C-16 entre Manresa y Berga (Barcelona), la C-14 entre Reus y Alcover (Tarragona), la C-35 entre Maçanet y Platja d'Aro (Giona), la C-17 entre Vic (Barcelona) y Ripoll (Girona), el Eix Transversal entre Lleida y Girona y el Eix Diagonal entre Manresa y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha asegurado que la voluntad de la Generalitat es que tanto los peajes explícitos como los peajes a la sombra se adapten al nuevo modelo de pago de las vías de alta capacidad que la Unión Europea exige que entre en servicio en 2024.
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