México, 16 may.- El Gobierno y los principales partidos políticos de México crearon hoy una comisión que se encargará de vigilar que se cumpla la legalidad y la equidad en los comicios del próximo 7 de julio en 14 estados del país.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, representante del Gobierno federal en el Consejo Rector del Pacto por México, explicó que los acuerdos a los que llegó con los líderes de los mayores partidos mexicanos prevén la revisión de los perfiles de los operadores de programas sociales y, de ser necesario, su remoción.
También acordaron dar seguimiento a las denuncias surgidas independientemente de los procesos que sigan las autoridades competentes, expuso durante el acto constitutivo de la Comisión Plural para la Competencia Electoral del Pacto por México.
Asimismo, a partir del 22 de mayo, los gobernadores y presidentes municipales donde se llevarán a cabo comicios deberán abstenerse de entregar despensas o recursos de programas sociales, con el fin de que no sean usados para inducir el voto.
"Qué bueno que hoy estamos tomando esta decisión para no acostumbrarnos a tener siempre conflicto electoral y lo que es más grave, conflicto postelectoral, que termina en la imposibilidad de acuerdos y en la imposibilidad de crecimiento para nuestro país", dijo Osorio.
El funcionario confió en que los acuerdos suscritos hoy trasciendan los comicios de julio hacia futuros procesos electorales, tanto federales como locales.
El 7 de julio se desarrollarán procesos electorales en 14 de los 32 estados del país, en la mayoría de los cuales se renovará a los congresos estatales y ayuntamientos, mientras que en Baja California también se elegirá a un nuevo gobernador.
A fines de abril pasado, una denuncia del conservador Partido Acción Nacional (PAN) sobre desvío de fondos de programas sociales con fines electorales en el estado oriental de Veracruz puso en crisis el Pacto por México, un acuerdo del Gobierno con los principales partidos para impulsar reformas estructurales clave.
La crisis llevó al Gobierno a suscribir la semana pasada con los partidos un anexo al Pacto para crear un sistema de supervisión de los programas sociales con el fin de evitar que sus fondos sean desviados en busca de votos.
No obstante, el PAN ha continuado haciendo denuncias sobre intervención de Gobiernos estatales para favorecer al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de julio.
Este mismo jueves expuso en una conferencia de prensa irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios en los estados de Baja California, Durango, Quintana Roo y Yucatán.
A su vez, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el 13 de mayo una denuncia penal contra la ministra del Desarrollo Social, Rosario Robles, "y quienes resulten responsables" por presunto desvío de recursos públicos por el caso de Veracruz.
Al respecto, el presidente en turno del Consejo Rector del Pacto y líder nacional del PRI, César Camacho, se pronunció hoy por "no enrarecer el ambiente político con denuncias mediáticas", y sostuvo que "si hay que hacer denuncias, denunciemos ante las autoridades".
El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó en su oportunidad que en cumplimiento al anexo al Pacto por México se blindarán los programas sociales "para que podamos seguir avanzando en el propósito" de evitar que sus fondos sean utilizados con fines electorales.
Por su parte, el presidente del PAN, Gustavo Madero, consideró que los compromisos alcanzados hoy constituyen "un paso concreto, un paso visible, verificable, para empezar a realizar los acuerdos contenidos" en el anexo al Pacto.
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