El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo para la renovación lo antes posible del Tribunal Constitucional, la Agencia Española de Protección de Datos, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, cuatro de los organismos del Estado pendientes de modificar desde hace años, si bien ha sido imposible por el momento llegar a un acuerdo para nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el que los populares tienen serias reticencias por el momento. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el interlocutor del Ejecutivo con el actual numero dos del PP, Teodoro García Egea, tras la apertura del partido de Casado a negociar las renovaciones pendientes hecha esta misma semana y que desde Moncloa no han querido desaprovechar, a pesar de las reticencias iniciales que habían mostrado dado que desde Génova no se planteaba en ningún momento incluir en el pacto al órgano de gobierno de los jueces.
Una de las claves que ha acelerado el acuerdo por parte del PP, que tenía bloqueadas todas las negociaciones, ha sido la garantía de que en los próximos dos años se mantendrá una mayoría conservadora al frente del Tribunal Constitucional, según aseguran fuentes cercanas a la formación. Se trata de mantener en manos del PP el nombramiento del presidente del organismo, dado que el actual, Juan José González Rivas, es uno de los cuatro miembros que está en funciones y debe abandonar el cargo. El nuevo presidente saldrá de una votación todavía controlada por los conservadores. Se da la circunstancia de que la próxima renovación del TC sería en 2022, y dependerá en esta ocasión del Gobierno (que nombra dos miembros) y del CGPJ (otros dos miembros, uno progresista y otro conservador), algo que podría cambiar el juego de las mayorías en la institución.
El pacto alcanzado prevé la celebración de un pleno extraordinario el próximo día 25 de octubre en el que se ratificarán las renovaciones y se darán a conocer los nombres de los nuevos miembros de las cuatro instituciones implicadas en el acuerdo. En el caso del TC y con la mayoría conservadora, se maneja el nombre de Pedro González-Trevijano como nuevo presidente a propuesta del PP, el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos que ha sido el ponente de la reciente sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma.
El acuerdo para la renovación de los cuatro organismos del Estado pendientes que ha dejado fuera al CGPJ se ha anunciado, precisamente, cuando la institución, que lleva tres años en funciones, celebraba su sesión plenaria semanal este mismo jueves, en la que, entre otras cosas, tienen vedada por el momento la opción de hacer nuevos nombramientos. En el caso de los jueces, el bloqueo del PP a su recomposición, tal y como obliga la Constitución, se debe a la intención del Gobierno de que haya entre los nuevos vocales algún representante de Unidas Podemos, sus socios en el Ejecutivo, que pretenden controlar, al menos, uno de los sillones. En la actualidad, el CGPJ está controlado por la parte conservadora, dirigida por su presidente, Carlos Lesmes, nombrada en el año 2013, cuando gobernaba el PP con mayoría.
El Tribunal de Cuentas y el procés
Además de la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, una de las claves de la negociación entre socialistas y populares está en la renovación del Tribunal de Cuentas, también controlado por juristas afines al PP y que tienen en sus manos en la actualidad el conflicto de las fianzas que pesan sobre algunos de los responsables del procés, a los que juzga por malversación de fondos tras el 1-O. Si bien se trata de un órgano administrativo, su composición y las nuevas funciones punitivas que ostenta se han convertido en una pesadilla para las relaciones con el independentismo catalán, cuyos líderes han sido obligados a poner unas cantidades millonarias (10 millones de euros en su conjunto) en el proceso que se mantiene abierto sobre ellos. Este mismo jueves, el Tribunal de Cuentas ha rechazado el uso del fondo catalán avalado por la Generalitat para pagar esas fianzas, lo que conlleva que se pueda proceder al embargo de bienes de algunos líderes soberanistas.
El conflicto con el Tribunal de Cuentas ha sido una de las cartas que los negociadores de ERC en la mesa de diálogo de Cataluña han puesto sobre el tapete a la hora de llegar a acuerdos con el Gobierno, tanto referidos a la situación social y política de esa comunidad autónoma, como para buscar el apoyo de los soberanistas en el Congreso a la hora de sacar adelante cuestiones tan importantes como los Presupuestos Generales del Estado.
En el caso del Defensor del Pueblo, el histórico socialista Francisco Fernández Marugán lleva en funciones desde el mes de julio de 2017, algo que había levantado hace tiempo las susceptibilidades de la oposición. Mientras que en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dirigida por Mar España desde el año 2015 y que lleva dos años en funciones, se prevé una elección que, aunque sea política, debe tener un marcado carácter técnico, por la complejidad de su cometido y el reto que tiene delante con las nuevas tecnologías de la información y el uso de los datos personales.
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