El Pleno del Tribunal Supremo se ha zanjado con un duro golpe para los usuarios. Finalmente y por 15 votos frente a 13, los magistrados han decidido desestimar los recursos estudiados y adoptan la jurisprudencia anterior sobre los gastos hipotecarios: es decir, el cliente seguirá pagando estos impuestos, informan fuentes jurídicas.
A falta de obtener más detalles sobre las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el resultado de la votación demuestra que ni 16 horas de reunión a puerta cerrada han logrado superar la división latente entre los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso que han participado en la misma y que concluye que deben seguir siendo los clientes los que se hagan cargo de los impuestos de los Actos Jurídicos Documentados (AJD).
La decisión adoptada del Pleno convocado por el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, crea una situación sin precedentes en el asunto teniendo en cuenta que existen otros tres recursos sobre idéntico fondo que se fallaron en sentido contrario. Esto implica que, por insólito que parezca, la Empresa Municipal de Rivas (EMV) cuenta con tres sentencias firmes en las que se estipula que la banca asumirá estos costes y otras tres en las que será ella la que tendrá que afrontar los gastos.
Aunque este pronunciamiento viene a suponer un respiro para el sector bancario, que este mismo martes acusaba la falta de respuesta del Tribunal Supremo en la sesión bursátil, lo cierto es que tiene complicado salvar la dañada imagen de la institución que preside Carlos Lesmes después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, decidiera abocar a Pleno la ya histórica sentencia del pasado 18 de octubre que daba la razón al cliente.
El resultado de la votación demuestra la fractura que existe en el seno de esta Sala Tercera, puesto que, mientras que los magistrados que integran la Sección Segunda, dedicada a tributos, han votado a favor de que sea la banca la que asuma estos gastos; otros miembros de lo Contencioso han provocado un auténtico giro de los hechos con su voto, haciendo que se vuelva a la doctrina que ha prevalecido los últimos 20 años.
Desde primera hora de la mañana los 19 jueces que todavía no se habían pronunciado han ido mostrando sus posturas a favor y en contra de sentar doctrina con la última sentencia sobre este asunto, conocida el 18 de octubre, y que daba la razón a los clientes de hipotecas. Sin embargo, se ha tratado de una jurisprudencia que apenas estuvo vigente 24 horas puesto que quedó suspendida tras el anuncio del Pleno y ahora se ha votado en contra de la misma.
Un Pleno marcado por la incertidumbre y la división
El paso del tiempo y la ausencia de respuesta entre los magistrados provocaban nerviosismo en la tensa espera. No obstante, fuentes del alto tribunal han explicado a los periodistas que el asunto sometido a debate, lejos de ser una cuestión de fácil solución, requería de un análisis a fondo que no se podía reducir a meras quinielas. De ahí que, las mismas fuentes adelantaran que se antojaba probable una segunda ronda de intervención de los magistrados.
Lo que está claro es que el ajustado fallo pone fin a tres semanas de incertidumbre que ha mantenido en vilo a todo el sector bancario, asociaciones de usuarios y un gran número de ciudadanos, expectantes de saber si se produciría giro jurisdiccional en el asunto o, por el contrario, se volvería a la situación anterior.
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