Los seis detenidos por presuntos amaños en partidos de Primera y Segunda División pasarán a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca el próximo jueves, de acuerdo a lo previsto por los investigadores policiales encargados de la operación de prorrogar la detención un máximo de 72 horas. De todos los detenidos, cuatro de los futbolistas implicados han pasado la noche en prisión, entre ellos, el presunto cabecilla de la trama criminal, Raúl Bravo.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), los detenidos, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, el jefe médico del club, José Luis Galindo, y cuatro jugadores en Málaga, Valladolid, Madrid y La Coruña, permanecerán bajo arresto mientras se finalizan todas las diligencias policiales.
Ha añadido que además de las personas ya detenidas, el juzgado investiga también a otras 15 relacionadas con las apuestas deportivas a una personalidad jurídica, el propio club de fútbol Sociedad Deportiva Huesca.
A los detenidos en la denominada Operación Oikos se les imputan supuestos delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el amaño de varios partidos de fútbol, entre ellos el Huesca-Nástic disputado en 2018, que ha actuado como detonante de la causa.
Las detenciones se han producido a lo largo de la mañana de este martes, después de que el instructor, de acuerdo con la Fiscalía de Huesca, autorizara nueve entradas y registros en cinco ciudades.
El juez, que ha decretado el secreto de las investigaciones, autorizó a los investigadores policiales el volcado de todos los dispositivos informáticos encontrados para su estudio, entre ellos tabletas, ordenadores y teléfonos móviles.
Según las fuentes, el juzgado instructor ha llevado a cabo numerosas diligencias de instrucción y pruebas tecnológicas, motivadas por la denuncia presentada en junio de 2018 por LaLiga ante la Fiscalía de Huesca por presuntas irregularidades en el partido Nástic-Huesca de ese año.
Fuentes judiciales consultadas por Efe han precisado que la prórroga de la detención durante el tiempo máximo permitido por la ley, 72 horas, no corresponde en este caso a la autoridad judicial, sino a los investigadores policiales encargados del asunto.
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