Reunión sin acuerdo con Bolaños

Fracasa la cita 'in extremis' entre Pons y Bolaños para renovar el Poder Judicial

El Partido Popular (PP) asegura que esta reforma supone una "línea roja" que el Ejecutivo no debería cruzar y hace imposible alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y los 'populares' en el ámbito de la Justicia.

González Pons
Fracasa la cita 'in extremis' entre Pons y Bolaños para renovar el Poder Judicial. 
DAVID MUDARRA (PP)/ Europa Press

Fracasa la reunión entre el PP y el Gobierno para desbloquear el Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, han mantenido este lunes un encuentro en el que no han logrado un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace tres años y medio. Este encuentro, que ha confirmado la lejanía entre ambos, se ha celebrado después de que el partido de Alberto Núñez Feijóo haya hecho pública su propuesta para renovar el Consejo, que ha despertado las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que argumenta que "el cumplimiento de la Constitución no se negocia".

Los populares exigían que el Ejecutivo dé marcha atrás a la reforma del CGPJ que busca facilitar la renovación del Tribunal Constitucional y han pedido además negociar de forma paralela una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para despolitizar y la Justicia y poner en marcha un nuevo sistema de elección del Consejo a partir de la propuesta de los jueces. Sin embargo, la reunión, celebrada a las 19.30 de este lunes en el despacho que el ministro tiene en el Congreso de los Diputados y que se ha alargado 45 minutos, no ha permitido acercar posturas y nuevamente el Gobierno y el principal partido de la oposición se culpan mutuamente del bloqueo.

Critican desde el PP que el Gobierno mantiene su intención de aprobar el jueves la reforma que devolverá al CGPJ la potestad de nombrar a miembros del Tribunal Constitucional aún estando en funciones, pero no otros nombramientos, como ocurría antes de la otra modificación legal. Para el PP, supone "una línea roja que el Ejecutivo no debería cruzar y que hace imposible llegar a acuerdos con el Gobierno en el ámbito de la Justicia". Explican que el Ejecutivo se ha negado también a abordar las propuestas de los populares a través del trámite de enmiendas a la reforma legal planteada por el PSOE. Y responsabilizan a Sánchez del bloqueo resultante al considerar que "prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC, que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP".

Por su parte, fuentes del Gobierno, han recalcado que varias de las propuestas del PP ya habían sido acordadas con la anterior dirección del partido en negociaciones pasadas, incluida la retirada de la proposición de ley que el PP pide de nuevo corregir, que fue acordada con el equipo de Pablo Casado en el marco del acuerdo de renovación del TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo de octubre de 2021. El Ejecutivo subraya por ello que no es admisible ninguna "excusa" más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente. 

En ese sentido insisten en que el cumplimiento de la Constitución no se negocia y el PP debe hacerlo y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado. "El líder del PP ha cambiado, pero Feijóo y Casado tienen la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces", aseguran las fuentes, que reiteran que el PP sigue poniendo excusas para no cumplir la Constitución.

Este lunes por la mañana el PP ha ofrecido renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial usando la actual normativa y para ello ha puesto varias condiciones: la retirada antes del jueves de la reforma del Consejo para renovar el Tribunal Constitucional y una futura ley para cambiar el modelo de elección que parta de la propuesta de los jueces. Según consta en el documento remitido, el PP plantea que no pueda ser nombrado fiscal general quien ha estado en los cinco años antes en la política y que pueda ser recusado por esa causa; y que la negociación de los vocales del CGPJ se lleva a cabo en el Congreso y el Senado, que es "lo que marca la ley".

El PP también defiende que el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces sea decidido por los vocales, de forma que "no exista un pacto político previo" por el que los políticos deciden en quién recae ese cargo, según Pons, que ha dicho que el PP "combate" hasta donde puede "las puertas giratorias" entre la política y la Justicia. Además, González Pons ha asegurado que el PP exige que en el plazo de seis meses, el nuevo CGPJ elegido con la ley en vigor, proponga al Congreso un nuevo modelo de elección para el futuro, "pactado entre los jueces y las asociaciones judiciales".

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