Madrid.- La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, rechazó hoy la acusación de prevaricación lanzada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y afirmó que el Ministerio de Cultura "en ningún momento oculta informes".
González-Sinde respondía así, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, a Barberá, quien esta mañana ha anunciado en el mismo foro que el Ayuntamiento de Valencia ha encargado un informe a un gabinete jurídico de lo Penal para estudiar si denuncia por prevaricación a la ministra de Cultura.
Barberá ha acusado a González-Sinde de "ocultar" un informe de Patrimonio sobre el barrio que "no le era favorable" y que -dijo- fue emitido el 14 de julio de 2009.
La ministra ha respondido que la alcaldesa de Valencia "debe tomar las medidas que estime oportunas", y ha precisado que los tribunales están "para escuchar esas reclamaciones y, si las admiten a trámite, las iremos viendo".
No obstante, ha asegurado que su Ministerio no ha ocultado ningún informe, recordó que en su comparecencia hoy ante la Comisión de Cultura ha aludido a varios informes de la Real Academia de la Historia, la Academia de las Bellas Artes de San Fernando o el Colegio Superior de Arquitectos que rechazaron el derribo del barrio del Cabanyal, y ha indicado que estas instituciones "están fuera de toda duda".
"En cualquier caso, si quiere proceder denunciándonos para que un juez dirima esta nueva sospecha yo respeto su criterio; si cree que es lo mejor para los valencianos, que proceda", afirmó.
En su intervención ante la Comisión de Cultura, la ministra defendió la paralización de los trabajos de derribo del barrio del Cabanyal, y aseguró que "se pueden hacer muchas cosas antes que reducirlo a una zona cero".
González-Sinde hacía estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso, en la que afirmó que la actuación urbanística del barrio y el derribo de viviendas se diseñó "con el objetivo de que algunos obtengan importantes plusvalías".
"Lo que está en peligro es el patrimonio cultural", afirmó la ministra, quien señaló que "la casa de una familia pescadora dice tanto de nosotros como el palacio más lujoso" y precisó que "los derechos de todos son igual de valiosos".
Destacó las potencialidades del barrio, recordó distintos informes -como el de la Real Academia de Historia o el Consejo Superior de Arquitectos de España- en los que se señala que el Plan de Urbanismo "altera gravemente ese Bien de Interés Cultural sin que se justifique su expolio, lo que vulnera la ley de patrimonio valenciano", y señaló que los mismos ven oportuno aplicar la tutela superior del Estado.
"Estos informes son tajantes e incontestables, y además del riesgo resaltan la oportunidad", subrayó González-Sinde, quien afirmó que "sepultar las oportunidades bajo el asfalto no es tarea del buen gobierno", y acusó a determinados sectores de "generar división".
No obstante, consideró que "es tiempo de mirar hacia adelante", por lo que tendió la mano a la colaboración, ofreció reunirse con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat para buscar soluciones y confió en que ambas instituciones "reconsideren sus posiciones y aprovechen ese barrio con una singular trama urbana".
Aseguró que el Gobierno baraja distintas líneas de trabajo como convocar un panel internacional de expertos para que estudien la situación del barrio y dictaminen sobre los valores patrimoniales, solicitar al Parlamento Europeo un informe o acabar con la degradación del barrio con el diseño de un plan alternativo.
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