González sitúa al testaferro de Zaplana en 'Lezo': querían crear un negocio de aguas

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha admitido ante el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que intentó sacar adelante un negocio sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas con el abogado natural de Urugay Fernando Belhot, el cual también aparece vinculado a los negocios del expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana. De hecho, la magistrada que le investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales le ubica como su exsocio y presunto testaferro.

El expolítico popular explica en un escrito remitido a la Audiencia Nacional recogido por este diario que las grabaciones de la UCO en el marco de la investigación por el caso Lezo no hacían referencia bajo ningún concepto a la compra de Emissao. Precisamente, el magistrado instructor le ha procesado en esta primera pieza del procedimiento por presuntas irregularidades de esta operación del Canal de Isabel II al considerar que hay indicios más que suficientes que demostrarían el cobro de comisiones de los acusados de entre 6,4 y 9,6 millones de euros. La Fiscalía considera que uno de ellos es el relativo a una conversación del propio González sobre sus negocios privados. 

Al respecto, el principal acusado de 'Lezo' pide que se deje de actuar contra él por este asunto concreto alegando que las conversaciones en cuestión no hacían referencia a la empresa brasileña sino que hacían alusión a unos negocios con Belhot. "Esa conversación se refiere a varios temas (...) también habla de un negocio y una sociedad que iba a fundar con Fernando Belhot sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas, que es el objeto de toda la conversación. En ésta nunca menciona a Edmundo, ni Emissao, ni comisiones de ningún tipo, ni sobreprecios, ni al Canal. Por tanto, afirmar, como hace la UCO, que esta frase de mi mandante acredita, como indicio corroborador, un delito, es una conclusión totalmente injustificada y sesgada".

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De este modo, saca a relucir González su relación con Belhot, el cual también aparece vinculado de manera directa a Zaplana, si bien en este procedimiento que se siguen en el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, el abogado uruguayo juega un papel bien diferente. Tanto es así que después de que la Policía Judicial le señalara como presunto hombre de paja del exministro de Trabajo, éste comunicó hace ahora cerca de un año su voluntad de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el esclarecimiento de los hechos. Fue así como se acordó su declaración en calidad de testigo por videoferencia en la cual explicó su papel como gestor de las cuentas de Zaplana en el extranjero.

De hecho, Belhot controlaba además de las finanzas de Zaplana, las del líder popular y suegro del exministro Miguel Barceló; y el asesor fiscal Francisco Grau, todos ellos investigados en el caso. En un escrito presentado al juzgado y recogido por este diario, Belhot aseguró que colaboraría con las pesquisas y pondría a disposición de los investigadores el patrimonio de sus clientes en el extranjero el cual ascendía a 6,7 millones de euros en metálico y 3,3 millones en diferentes inversiones. Su declaración permitió a la magistrada que investiga la operación 'Erial' encontrar 6,3 millones de euros en dos cuentas de Suiza, si bien Zaplana niega de manera rotunda estos hechos.

Por su parte, en lo que respecta a Ignacio González, su explicación al magistrado Manuel García Castellón acerca de la mercantil que quería fundar con Belhot, le sitúa en este otro procedimiento relativo a las presuntas irregularidades cometidas desde el Canal con diversas operaciones de compra. Con todo, recurre a una conversación mantenida con su hermano, Pablo González, acerca de este asunto para demostrar que no se puede corroborar una "actuación ilícita" del político en la adquisición de Emissao en 2013, que costó al Canal 25 millones de dólares.  

"Por tanto, la conclusión del informe de que iban encaminadas a recopilar la documentación necesaria para que Luis Vicente Moro, amigo de Ignacio González, abriese unas cuentas en República Dominicana en las que depositaría parte de los fondos públicos desviados es radicalmente inválida", reza el escrito de su defensa, en el cual se niega igualmente que González cobrara dádivas de 1,8 millones de euros por su implicación en estos hechos por los que se le atribuyen delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Además del expresidente madrileño, el magistrado ha procesado a otras seis personas después de que el exgerente de Inassa Diego García Arias y el propio Moro confesaran en sede judicial el reparto de comisiones en 'b' y la ocultación de estas partidas en paraísos fiscales.