El expresidente madrileño Ignacio González está dispuesto a dar la batalla en el caso Lezo. La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de procesarle por el presunto desfalco en el Canal con la compra de la brasileña Emissao ha provocado la reacción de su defensa letrada la cual ha pedido que se archive esta investigación al considerar que ni la UCO ni la Fiscalía Anticorrupción han podido acreditar el cobro de 1,8 millones de euros en negro como comisión tras su participación en la operativa.
A lo largo de 33 páginas de escrito, González asegura que "resulta increíble" que se le deje a un paso del banquillo por estos hechos en los que también están incriminados el que fuera hombre fuerte del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, o el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro. "Resulta inaudito y absolutamente preocupante que, en un Estado de Derecho, se permita a unos funcionarios policiales esta atribución de funciones para acusar a una persona, como hacen, sin prueba real alguna", reza el documento en referencia a las acusaciones formuladas por la Guardia Civil.
Tras más de tres años de investigación y a instancias de Anticorrupción, García Castellón dio por zanjadas las pesquisas en esta pieza primera del caso Lezo y puso cifra al presunto desfalco producido con la operativa. De este modo, concluyó que se desviaron de las arcas de esta empresa pública de aguas entre 6,4 y 9,6 millones, cuantía que estaría camuflada en las mordidas repartidas por los acusados, los cuáles confesaron en sede judicial que efectivamente hubo reparto de dividendos en connivencia con el anterior dueño de Emissao Sebastiao Cristovam y que, además, ocultaron dichas cuantías en paraísos fiscales. De Ignacio González dijeron que recibió 1,8 millones de e uros pero el expolítico popular niega estas afirmaciones.
"Es una intervención incierta"
Los abogados de González insisten en que no constituye prueba de cargo la declaración prestada por todos ellos y añaden que, además, se contradicen en todo lo expuesto hasta el momento. "Mi representado no ideó ningún plan para apropiarse de fondos públicos, ni participó en ninguna negociación económica ni en la determinación del precio en el proceso de compra de Emissao, ni negoció con su propietario, ni conoció la valoración de esta empresa, ni solicitó ni aceptó ninguna comisión", sentencia el escrito.
Esta contradicción a la que alude González reside en que Edmundo Rodríguez Sobrino expuso en su primera declaración ante el magistrado Eloy Velasco tras ser detenido el 21 de abril de 2017 que no se repartieron comisión alguna con la compra de la brasileña por 25 millones de dólares. Sin embargo, tras los registros practicados en sus domicilios de España y Colombia y ante la posibilidad de que su hija pudiera entrar en prisión por estos hechos, cambió su versión y admitió las acusaciones de Anticorrupción. En este contexto aseguró que Moro le habló de que González también participaba en la operativa si bien el propio Moro dijo el pasado mes de julio que fue Rodríguez Sobrino el que le dijo que a González le correspondían 1,8 millones.
"Lo evidente es que ninguno de los investigados afirma haber hablado directamente con mi mandante y que éste le pidiera comisión alguna y ninguno aporta ningún elemento que corrobore sus manifestaciones. Y no lo hacen porque no es verdad lo que han dicho. La modificación del contenido de sus declaraciones solamente tiene una finalidad espuria para implicar a mi mandante como supuesto líder de una trama delictiva a cambio de obtener una atenuante de su responsabilidad por la supuesta confesión, de cara a una sentencia condenatoria", reza el escrito.
Devolución de las comisiones
Dice González que otra prueba de cargo es el hecho de que algunos de los acusados devolvieran al juzgado estas cuantías en 'b' que se embolsaron tras el éxito de la compra de Emissao, como es el caso de Rodríguez Sobrino, el cual consignó en las cuentas de la Audiencia Nacional 2,7 millones de dólares, tal y como refleja la UCO en su escrito del pasado mes de noviembre. "Resulta notablemente sorprendente que, si realmente mi representado hubiera participado en una trama delictiva para obtener fondos públicos no hubiera reclamado ese dinero ni en noviembre de 2013", alega sobre este asunto.
Añade que en las fechas señaladas no viajó a Sudamérica y que, de todas las comisiones rogatorias y escuchas practicadas tampoco se ha podido acreditar nada al respecto. "De hecho, en ninguna de las conversaciones grabadas mi mandante ha hablado nunca de 'dinero b' y la mera lectura del epígrafe del informe refleja la falta de pruebas de los hechos que se le atribuyen, y la necesidad desesperada de buscar cualquier justificación para construirla", sentencia Ignacio González. El magistrado, por su parte, procesó a un total de siete personas por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, si bien archivó para otras 14 al no consideran acreditada su participación en estos hechos.
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