El historiador y profesor Josep Lluís Alay ha sido designado por el Govern como responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont, un nombramiento que publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El DOGC especifica que las retribuciones de este puesto de trabajo "son las correspondientes a un puesto de funcionario del grupo A, nivel de destino 30, y complemento específico de 60.454,32 euros anuales (con jornada y horario de dedicación especial)".
La ley que regula la creación de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat no exige que estas tengan que situarse físicamente en el mismo lugar donde reside cada expresidente, por lo que, de momento, la oficina de Puigdemont quedará instalada en Barcelona. El nombramiento de Alay supone la confirmación de la puesta en marcha de esta Oficina, de acuerdo con la ley que regula las prerrogativas y derechos que tienen los expresidentes de la Generalitat.
Alay es una persona de la máxima confianza de Puigdemont, hasta el punto de que era uno de los cuatro acompañantes en el coche que viajaba por Alemania cuando fue detenido en este último país el expresidente catalán. El DOGC publica su nombramiento como "personal eventual del Departamento de la Presidencia" y sus funciones serán las de "dirigir y organizar las tareas de todo el personal" de dicha oficina. Estas funciones incluyen "organizar y controlar los actos, las audiencias, las visitas y los viajes" de Puigdemont, así como gestionar y controlar el presupuesto asignado la oficina, encargarse del protocolo, y de las relaciones con la prensa y los medios de comunicación.
Puigdemont reside ahora mismo en Hamburgo (Alemania) pendiente de que se resuelva una euroorden de extradición, pero si esta última no llega a producirse, podría trasladarse de nuevo Bélgica, que es el país donde se instaló el pasado mes de octubre tras abandonar Cataluña y no comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El tribunal alemán rechaza juzgarlo por rebelión
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha considerado "no admisible" la petición de extradición de Puigdemont a España por rebelión, solicitada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, al considerar que "la cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente en Alemania al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España".
Por el contrario, el tribunal sí ha admitido la petición de extradición por malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum del 1-O, al concluir, en sintonía con la argumentación del Supremo, que Puigdemont pudo haber tenido una "corresponsabilidad" en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas.
El juez Pablo Llarena se debate ahora entre aceptar la extradición únicamente por malversación de fondos públicos o no aceptarla y recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aceptar la extradición sólo por malversación limitaría el juicio para el esto de exmiembros del Govern que se encuentran en prisión en cárceles catalanas.
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