La dura advertencia del Tribunal Supremo ante la posibilidad de que se dé luz verde a la excarcelación de los presos del 'procés' no ha frenado los planes de la Generalitat de confinarles en casa a tenor de la crisis sanitaria que atraviesa el país. La base legal en la que se ampara la Consejería de Justicia de Cataluña es la misma que recoge el Tribunal Supremo para advertir que, si las cárceles respaldan esta medida, se podrá abrir investigación contra los funcionarios públicos por delito de prevaricación. Sin embargo, al contar con las competencias transferidas en esta materia, el Govern ha dado un paso adelante abriendo la puerta a que el asunto termine, de nuevo, en los tribunales.
La Consejería de Justicia que dirige Ester Capella (ERC) se desmarcó del criterio mantenido por el Ministerio del Interior en materia penitenciaria y anunció que, desde este mismo martes y tras "un escrupuloso análisis jurídico", se abría la veda para que los centros permitan el confinamiento a los presos sujetos al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Se trata de una medida que afecta de lleno a nueve de los doce condenados el pasado mes de octubre con el delito de sedición por liderar la deriva independentista de Cataluña.
Esta medida se aplicaría a poco más de 150 de presos de las cárceles de Cataluña que gozan de segundo y tercer grado de este régimen de semilibertad. El artículo permite salidas diarias para hacer trabajos fuera de prisión, cuidar a familiares o ejercer un voluntariado siempre y cuando se pernocte dentro del centro penitenciario. Así lo recoge el Ministerio del Interior en una nota aclaratoria del pasado día de 19 marzo. Los presos que se encuentran en esta categoría no pueden ni dormir en sus casas ni acceder al control telemático, salvo que lo autorice previamente un juez en el marco de un plan de tratamiento individualizado.
Días clave
Para lograr su fin, el Govern dio a conocer que había puesto a a trabajar a las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas anunciando que "a lo largo de esta semana" se reunirán de manera extraordinaria para aprobar las medidas oportunas. Un comunicado que provocó la rápida reacción del Tribunal Supremo por ser el que juzgó y condenó a los doce líderes independentistas de ERC y del PDeCAT. Fuentes jurídicas explicaron que, en caso de que salgan de prisión para dormir en sus respectivas casas, el alto tribunal requerirá a las juntas de régimen general y los directores de las prisiones para que explique en qué fundamento jurídico sustentan su decisión.
De esta forma, dejan la puerta abierta a abrir una investigación por la posible comisión del delito de prevaricación, que recoge el artículo 405 del Código Penal y que no lleva acarreadas penas de prisión. Esta información que ya adelanta el Supremo que requerirá si siguen adelante con sus planes, incluye también la identificación "de forma nominal" de los funcionarios que apoyen ese acuerdo. De este modo, todas las miradas están puestas en la nueva directora del centro de Lledoners, Susana García, que el pasado verano sustituyó a la madrileña Paula Montero tras tres años en el cargo y que ya dio luz verde a que los acusados tuvieran sus primeros permisos penitenciarios hace apenas unas semanas.
Justicia descarta indultos
El posicionamiento del Supremo (la Fiscalía aguarda el momento oportuno para pronunciarse) provocó una rápida reacción entre el sector más independentista de Cataluña y los letrados de algunos de los condenados, como es el caso de Andreu Van den Eynde (Raül Romeva, Oriol Junqueras) o Gonzalo Boye (abogado de Carles Puigdemont). Mientras éste último apeló en Twitter al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno que preside Quim Torra replicó a los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal que el que está prevaricando con esta advertencia era el Tribunal Supremo.
Con todo, esta es la única vía a la que se pueden acoger los líderes independentistas para salir de prisión después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, rechazara la posibilidad de que se pudieran conceder indultos teniendo en cuenta que ni tan siquiera los habían planteado al Ejecutivo. Los próximos días serán determinantes para ver si el Govern da marcha atrás en sus planes o sigue adelante con esta medida que califica de "inédita" y que supedita a la grave crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.
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