Las acusaciones personadas en el caso Gowex quieren que la CNMV rinda cuentas en el juicio que acogerá la Audiencia Nacional por la gran estafa de este grupo dedicado a la difusión de red wifi. Por ese motivo han solicitado que en la vista oral, de la que todavía no se ha fijado fecha, declare como testigo la que fuera presidenta de la CNMV Elvira Rodríguez, de acuerdo con el escrito de acusación de víctimas de esta presunta estafa al que ha tenido acceso La Información. El mismo precisa que el expresidente de Let's Gowex Jenaro García acabó admitiendo en un hecho relevante a la CNMV que las cuentas de la entidad no reflejaban la verdadera imagen de la empresa.
Las víctimas de este fraude que se destapó en 2014 y que dejó más de 20 millones de euros de créditos bancarios impagados, piden también la testifical de los exsocios de M&A Auditores Miguel Ángel Gutiérrez y Rafael Lucas. A su juicio deben responder por la estafa hasta un total de nueve personas, además de García; por ello endurecen su escrito de acusación con respecto a la Fiscalía Anticorrupción, que solo se dirige contra cuatro personas físicas, y piden que respondan penalmente por estos hechos los exadministradores de empresas que formaban parte del grupo y que se habrían utilizado a modo de 'pantalla' para la compra-venta de acciones.
En concreto, solicitan a la Sala que abra juicio oral contra García; su mujer Florencia Maté; el que fuera secretario del consejo de administración de Gowex Francisco Manuel Martínez; Ignacio Navarro y otras cinco personas más que formaron parte del entramado societario de García y que Anticorrupción ha dejado fuera de la trama por no haber efectuado pagos directamente y por desconocimiento de los hechos. Sin embargo, algunas de las víctimas apuntan en su escrito que todos ellos obtuvieron un beneficio de 3,7 millones de euros con la venta de acciones que ejecutaron cuando asumieron la verdadera situación de insolvencia del grupo, que ignoraba el mercado.
De esta forma, el despacho Yvancos Abogados pide que se siente en el banquillo también a Guadalupe Esmeralda Almeida la cual, según el relato de Anticorrupción, era la empleada del hogar del matrimonio García-Maté y que pasó a ostentar el cargo de administradora del complejo entramado después de que los acusados hicieran hincapié en la "bondad de negocio" y en que se trataría de una "colaboración provisional". No obstante, no realizó ningún pago para la adquisición de participaciones puesto que en realidad "carecía de control efectivo" del negocio, siempre según el escrito.
Indemnización de 229 millones de euros
Lo mismo ocurre con la también acusada Tania Roel, exdirectora de Marketing y Operaciones de Let's Gowex y a cuyo nombre se constituyó la sociedad Eco Energy. El objetivo con la creación de esta mercantil era transferir la titularidad de acciones que había comprado a su vez a otra sociedad de Jenaro García. Las acusaciones denuncian que, una vez que el empresario reconoció públicamente que las cuentas del grupo matriz no reflejaban la realidad de la empresa, trató de acelerar el pago de los impuestos por la compra de acciones que acabó vendiendo a través de BNP Paribas para afrontar sus obligaciones legales.
Igualmente piden juzgar a Javier Martín Vaquero -aunque según la Fiscalía no llegó a percibir ningún salario ni tampoco a realizar ninguna labor administrativa en las sociedades en cuestión-, a Jorge Mata y Ricardo Moreno, que ejerció como consejero del grupo entre los años 2010 y 2013. La acusación solicita a la Audiencia Nacional que todos ellos, junto con las mercantiles Eco Energy y Biotelgy, indemnicen de manera solidaria a 461 titulares de acciones perjudicados con un total de 229.542.759 euros, que es la cuantía que invirtieron en el grupo y perdieron basándose en la información falsas difundida.
Piden 17 años de cárcel para García por cuatro delitos
La acusación que ejerce este despacho atribuye a todos ellos delito continuado de estafa agravado, delito societario y de falseamiento de información económica y financiera. Además solicita que se imponga una pena de 17 años de cárcel para Jenaro García (uno menos del que le imputa Anticorrupción), al igual que para el resto de acusados a los que se dirige excepto para Guadalupe Esmeralda Almeida y Tania Roel, a quienes les impone seis años de prisión por delito continuado de estafa agravado. Además, también consideran responsables civiles subsidiarias las 34 mercantiles que integraban el grupo, el cual llegó a recibir un préstamo del Ministerio de Industria de 1,2 millones de euros para promocionar un proyecto de wifi en Cádiz.
El pasado mes de agosto el magistrado Santiago Pedraz concluyó la investigación contra esta mercantil constituida en 1999 y que un año después ya cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Ya entonces el instructor expuso que falsearon las cuentas para atraer a inversores llegando incluso a publicar unos resultados positivos de 182,6 millones de euros y unos recursos propios de 94,4 millones que no se correspondían lo más mínimo con la realidad. Meses después se concretaba que los verdaderos beneficios de la mercantil no alcanzaban los 10 millones de euros anuales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios