Granados dice que el contrato de traductores se adjudicó a la oferta más barata

Madrid.- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha asegurado que la Comunidad ha otorgado el concurso para traductores en los juzgados a la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) "por subasta" y porque presentaron "la oferta más barata".

Granados, que ha asistido a la toma de posesión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y de Paloma Adrados como responsable de Inmigración, se ha referido así a una noticia de "El País" según la cual Interior ha adjudicado un contrato "millonario" de traductores judiciales a la empresa que desmintió la relación entre la Comunidad y la supuesta "trama" de espionaje.

Según el consejero, esa información "es casi falsa en toda su extensión" pues, en su opinión "no hay nada que sea mas mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intención de crear una sospecha, o un manto de dudas, sobre la actuación de algún responsable público", que en este caso, sería la Consejería que él dirige.

Granados ha recalcado que la adjudicación del servicio de traducciones a la empresa AEPTJ se realizó por "subasta" y recayó, por tanto, "en la oferta más barata de todas aquellas que cumplían las condiciones".

Ha añadido que la persona sobre la que se "intenta sembrar la duda", Castor Iglesias -el perito que desmintió la relación de la Consejería de Justicia e Interior con la supuesta trama de espionaje en la Comunidad- "no es propietaria" de la Asociación adjudicataria del concurso que, además, trabaja para otras comunidades, según ha dicho.

El consejero ha insistido, por tanto, en que la adjudicación "se ha hecho con absoluta y total transparencia" y en que "desde luego" no ha habido "ninguna irregularidad, sino todo lo contrario" pues "el precio ha sido el único parámetro para adjudicar el concurso".

Sin embargo, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha advertido de que va a "abrir un proceso de investigación" en el ámbito parlamentario para intentar "esclarecer" el asunto.

Tomás Gómez, que ha hecho estas declaraciones tras reunirse con su Ejecutiva Regional, ha dicho estar "cansado de que los trapitos sucios del PP los paguen los ciudadanos madrileños".

En este sentido, ha subrayado que la pregunta que falta por responder judicialmente es "quién pagó el espionaje", aunque los socialistas madrileños están convencidos de que se sufragó con dinero público.

"La pregunta es ¿hay fondos reservados en la Comunidad de Madrid? Nosotros creemos que sí, y el responsable de los fondos reservados se llama Esperanza Aguirre", ha aseverado el líder socialista.