El magistrado Fernando Grande-Marlaska será el ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez, han informado fuentes próximas al presidente del Ejecutivo.
Grande-Marlaska, nacido en 1962, es vocal del Consejo General del Poder Judicial, y fue juez de la Audiencia Nacional, donde, entre otras causas, procesó a Arnaldo Otegi e instruyó el caso Faisán.
Marlaska llegó a la Audiencia Nacional en 2004 y poco después sustituyó al juez Baltasar Garzón en el Juzgado de Instrucción número 5 durante la licencia que solicitó para impartir clases en Nueva York.
A la vuelta de Garzón, Marlaska pasó al Juzgado número 3, donde permaneció hasta 2012, cuando fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El nuevo ministro llegó al CGPJ propuesto por el PP. En el órgano de gobierno de los jueces fue el primero en hacer público su patrimonio en el Portal de Transparencia de ese órgano sin estar obligado a hacerlo. Mucho antes se había convertido en uno de los primeros jueces en hacer pública su homosexualidad. Estuvo amenazado por ETA, que planeó atentar contra él durante unas vacaciones en Ezcaray (La Rioja).
Así, el terrorismo será uno de los caballos de batalla para el nuevo titular de Interior. Con la disolución de ETA hace un mes, algunas voces socialistas no han ocultado que tras el final de la banda la ley penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medidas de reinserción, por lo que se podría hablar de "acercamiento" de los presos "sin llevarse las manos a la cabeza", en palabras del portavoz del PSE en el parlamento vasco.
Lo que no se prevé se modifique es de momento el nivel de alerta antiterrorista que se sitúa en nivel 4 de una escala de 5 desde junio de 2015, aunque la lucha contra la amenaza yihadista seguirá siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad.
Los retos de Grande-Marlaska
Por otra parte, el Gobierno de Sánchez tendrá que reactivar en el Congreso la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana. Respaldada en septiembre su derogación por la cámara, la comisión de Interior tendrá que ponerse a trabajar con los partidos para acordar una norma nueva. En materia de criminalidad, una de las mayores preocupaciones se sitúa en el incremento del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en el aumento de la violencia de los narcos.
Además, el pasado año se triplicó la llegada de inmigrantes indocumentados a las costas españolas, una tendencia que se mantiene y que incluso va a más en lo que va de año. Interior tendrá que hacer previsiblemente frente a un fuerte repunte de pateras este verano, mientras en la UE se siguen dando pasos para que España, Italia y Grecia no asuman la "carga" de la inmigración de toda Europa.
La futura Ley de Tráfico
A la sede del Paseo de la Castellana llegó hace meses un borrador sobre la futura ley de Tráfico que el Ejecutivo del PP quería impulsar. Ahora el nuevo equipo deberá decidir si continúa con la iniciativa, en la que se incluían más radares en vías convencionales, un nuevo examen para obtener el carné, la retirada del permiso a los conductores reincidentes en alcohol o drogas o bajar la tasa de alcoholemia para conductores profesionales.
Tras una etapa protagonizada por las acusaciones de supuesto uso partidista de la Policía para actuar contra formaciones independentistas y Podemos, el exministro Juan Ignacio Zoido apostó por cambiar la estructura de mando, eliminar la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) y hacer "un lavado" de cara en la cúpula policial con varios comisarios de su confianza.
Mantener a esos jefes en la Junta de Gobierno será decisión del nuevo ministro y nuevo director del cuerpo, ya que se trata de nombramientos de libre designación, aunque algunos de los designados como el jefe central de Seguridad Ciudadana José Antonio de la Rosa se jubilará este mismo año. En el caso de la Guardia Civil, su propio escalafón y política de ascensos limita que el político de turno mueva de su puesto a sus mandos.
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