La organización ecologista Greenpeace solicitará este viernes en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional su personación como 'parte perjudicada' en la pieza número 17 del conocido como 'Caso Villarejo' con el objetivo de esclarecer si Iberdrola encargó al excomisario de Policía el espionaje de varios activistas de la ONG durante el momento álgido de la campaña de sensibilización social de la plataforma ecologista a favor del cierre de la central nuclear de Cofrentes -propiedad de la eléctrica- en Valencia, allá por el año 2007.
La acción judicial de Greenpeace empezó a gestarse hace unos meses cuando varias informaciones periodísticas apuntaron a que tanto Greenpeace como su por aquel entonces responsable de la campaña nuclear, Carlos Bravo, habían sido espiados por el excomisario Villarejo -supuestamente a instancias de la compañía eléctrica-, lo que se sustentaba en su inclusión en el listado del llamado 'Informe Front' que identificaba a las personas y organizaciones que en aquel momento eran consideradas una amenaza para la central nuclear valenciana, según explican fuentes de la organización ecologista. En aquellos días, Cofrentes se jugaba su continuidad a partir de la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de prolongar o no su vida útil.
Fuentes de Greenpeace explican que tras la aparición de esas informaciones la organización trató de aclarar el asunto de forma directa con Iberdrola, solicitando una reunión con su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y exigiendo un desmentido público sobre la implicación de la empresa en el espionaje a los activistas de Greenpeace. "Desafortunadamente no han fructificado (estos intentos de aclaración), de ahí que Greenpeace se vea en la obligación de personarse en los tribunales para que se investigue la relación entre Villarejo e Iberdrola con el fin de esclarecer estos presuntos hechos dada su gravedad", aseguran fuentes de la organización ecologista.
De aceptarse su personación en la causa por el magistrado Manuel García Castellón, Greenpeace tendría acceso a todas las diligencias asociadas a la pieza del caso, en el momento en que se levantara el secreto de sumario que a día de hoy aún pesa sobre las mismas. La organización ecologista explica su movimiento a partir del "rol fundamental de control y vigilancia del poder político y económico" que deben jugar las ONG y las organizaciones de la sociedad civil y denuncia que "los casos de espionaje y acoso suponen una alarmante merma de la calidad democrática del país y debilitan la credibilidad de las instituciones".
Una vertiente más del enrevesado 'Caso Villarejo'
Los investigadores abrieron la pieza decimoséptima del bautizado como 'Caso Tándem el pasado mes de octubre tras la aparición de nuevos audios que implicaban al entonces director de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, con el entramado empresarial de Villarejo. Desde entonces, el magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, ha practicado diligencias bajo secreto de sumario que se han centrado principalmente en escuchar en sede judicial al propio Asenjo (imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos) y al que fuera director de Funciones Corporativas de Iberdrola, José Antonio del Olmo.
Del Olmo comenzó a cobrar protagonismo en la causa cuando se hizo público un informe que él mismo elaboró en el año 2004 en el que reflejaba que se llevaron a cabo facturas falsas para costear los servicios que prestó Villarejo entre ese año y 2017. El exdirectivo plasmó en ese documento que la cúpula de la eléctrica, con Sánchez Galán a la cabeza, conocía perfectamente este presunto sistema de facturas falsas que se habría llevado a cabo apoyándose en Casesa, entonces empresa proveedora de Iberdrola.
Es por ello que Del Olmo ha prestado declaración en sede judicial hasta en tres ocasiones en las últimas semanas si bien no ha sido el único. Este mismo lunes comparecía en la pieza secreta el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, el cual declaró en calidad de testigo por el presunto espionaje que habría llevado a cabo el Grupo Cenyt por orden de Iberdrola ante la rivalidad existente en aquel momento en aras a controlar el sector eléctrico del país. Tras Pizarro hicieron lo propio los dueños de la extinta Casesa, los cuáles descartaron categóricamente haber emitido facturas falsas para camuflar los pagos a Villarejo, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
Iberdrola por su parte no solo ha negado la veracidad del documento de Del Olmo sino que ha interpuesto sendas denuncias contra el exdirectivo ‘díscolo’ ante la Fiscalía de Bilbao y Anticorrupción. La eléctrica defiende que se trata de un informe que podría estar manipulado y alega que, en la investigación interna ‘forensic’ encargada a PwC, no se ha hallado este documento que el propio Del Olmo firmó ante notario. Sea como fuere, las diligencias continúan en esta pieza decimoséptima del caso en la que los investigadores tratan de averiguar quién o quienes dieron la orden de contratar con el agente encubierto en un momento en que figuraba como funcionario en activo en la Policía Nacional.
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