Llega el tramo clave del juicio de los ERE. Esta semana se sientan en el banquillo a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, imputados en el caso de los ERE, que juzga si el procedimiento con el que la Junta de Andalucía repartió ayudas por valor de 855 millones de euros durante una década era legal o fraudulento.
Griñán y su antecesor Manuel Chaves, quien también declara este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla, junto a una veintena de ex altos cargos, se sientan en el banquillo acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco” para conceder 855 millones de euros a empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz. Junto a los expresidentes, el caso imputa a seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y a 14 ex altos cargos.
Este miércoles le ha tocado el turno a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta (2009-2013) y exconsejero andaluz de Economía y Hacienda (2004-2009). Después de ratificar su declaración del 9 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, el también exministro de Trabajo (1993-1996) con Felipe González, ha explicado al tribunal que "no conoció" el programa presupuestario 31L con cargo al que se abonaban las citadas ayudas investigadas hasta el inicio de esta causa judicial en 2011.
A preguntas del fiscal anticorrupción, Griñán ha ampliado que en la elaboración del anteproyecto de Presupuestos conocía lo que "importa" en un presupuesto, el gasto corriente y la inversión, añadiendo que existían "multitud" de programas. Además, ha precisado que la partida es una parte "insignificante" de la Consejería de Empleo que sí sobresale en las cuentas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Tras explicar el origen de las órdenes ministeriales de 1994 de ayudas previas a la jubilación y de 1995 de ayudas extraordinarias y remontarse a la reconversión industrial para justificarlas, Griñán ha defendido que la ejecución siempre fue inferior al gasto presupuestado el gasto ejecutado de la partida 31L "siempre" fue "inferior" al crédito disponible, como "consta en las actuaciones" y se refleja en los gastos de ejecución en la cuenta general que se remite a la Cámara de Cuentas.
Sobre las reuniones que mantenía con los diferentes consejeros para ultimar el presupuesto antes de que pasara al Consejo de Gobierno, Griñán ha manifestado que "nunca" abordó la partida 31L con el titular de Empleo Antonio Fernández, mientras que la del SAE "casi siempre". Cuando el fiscal le ha dicho que era el de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha respondido que eso es como "quitarle el SAS a la Consejería de Salud".
Griñán está acusado de malversación y prevaricación con penas de seis años de cárcel y hasta 30 de inhabilitación por su etapa como consejero de Hacienda, que ocupó de 2004 a 2009, cuando sucedió a Manuel Chaves en la presidencia de la Junta. Su antecesor se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La Audiencia de Sevilla negó la asociación ilícita, por lo que no tendría pena de cárcel.
Ratifica sus palabras ante el Supremo
Griñán ha vuelto a andar sus pasos este miércoles al defender, como ya hizo ante el Tribunal Supremo, el procedimiento empleado por la Junta para conceder las ayudas a empresas en crisis, del que ha dicho que era legal. “Pero en algún punto se coló un alto cargo que hizo mal uso de él y repartió ayudas sin control”, ha reconocido no obstante. Entonces como ahora también, insistió en que la competencia y por tanto la responsabilidad de las ayudas recaía en la Consejería de Empleo. Desde aquel departamento, según ha informado, nadie le avisó del presunto fraude porque los informes de la intervención general que alertaban de las irregularidades no llegaron a su despacho. La jueza Alaya siempre defendió que era “imposible que no conociera esos desajustes presupuestarios”.
El expresidente también defendió su inocencia con documentos oficiales que no figuraban en el sumario y que, entre otros argumentos, contrarrestaban las dudas sobre la legalidad de las ayudas sociolaborales y su aprobación en cada presupuesto andaluz. “No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”, las palabras finales de Griñán en aquella comparecencia ante el alto tribunal resumen estas dos declaraciones.
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