Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico están alarmados. Muchos de ellos se juegan la vida a diario a bordo de sus vehículos oficiales, y están viendo cómo algunos compañeros heridos o con discapacidades tras haber sufrido accidentes no están cobrando la totalidad del seguro de vida y accidentes contratado por el Ministerio del Interior para cubrir los siniestros de estos agentes. La situación es preocupante para ellos porque se trata de altas sumas de dinero. Los afectados están empezando a tomar acciones legales por una supuesta estafa.
Este es un caso real. Guardia Civil de la Dirección General de Tráfico (DGT) que sufre un accidente en acto de servicio y tiene que pasar al retiro por pérdida de aptitudes psicofísicas. Un tribunal médico decreta su invalidez permanente absoluta y, por tanto, reclama al seguro la corriente indemnización. La cuantía estipulada en la póliza son 75.000 euros. Sin embargo, en su cuenta bancaria solo reciben 12.000 euros. No es el único, hay más casos.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Los afectados han empezado a aportar documentación a sus abogados y la situación es la siguiente: el tomador del seguro es la Dirección General de Tráfico, que contrató el seguro de accidentes con la compañía Caser. De mediador ejerció S.P.E. Brokers. La prima estipulada en el seguro contratado por la DGT es de 75.000 euros, tal y como ha podido comprobar La Información. Sin embargo, los agentes están cobrando 12.000 euros, que es lo que les corresponde por una invalidez parcial.
Hay casos especialmente preocupantes. Varios agentes cobraron los 12.000 euros de invalidez parcial tras sufrir un accidente, pero con el paso del tiempo sus lesiones se han ido agravando. Finalmente, un tribunal médico les ha concedido la invalidez permanente absoluta por las secuelas del siniestro. Ahora reclaman que esa indemnización ascienda a 75.000 euros porque así consta en el seguro que tenía suscrito la DGT pero no lo reciben.
La solución que han tomado es iniciar acciones legales. Y es ahí cuando se han topado con otro problema. Caser demandó en 2019 a S.P.E. Brokers por un supuesto delito de falsedad documental, según explican fuentes conocedoras del proceso, y el caso se encuentra todavía en fase de instrucción. Los abogados de los agentes de la DGT han recomendado a los guardias civiles esperar hasta conocer cómo finaliza este procedimiento en marcha para, a continuación, pedir responsabilidades a quien corresponda.
Desde S.P.E. Brokers aseguran que el procedimiento contra ellos es por un presunto delito de falsedad, pero no concretan el tipo. Quieren dejar claro, además, que quien debe pagar estas cantidades a los accidentados es la compañía de seguros, tal y como se estipula en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Aseguran que han presentado sus alegaciones en el proceso judicial iniciado por Caser y que se encuentran pendientes de que la Fiscalía califique los hechos.
En este embrollo judicial se ven atrapados unos guardias civiles que siguen sin cobrar la correspondiente indemnización. Lo que tampoco entienden es la pasividad de la DGT en estos casos como afectada. En efecto, la Guardia Civil adjudicó un contrato a una compañía y ahora los asegurados no están cobrando lo que se estipuló. Los funcionarios, además, critican que la Dirección General ni siquiera se ha personado en el proceso judicial en marcha entre Caser y S.P.E. Brokers.
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