Guardia Civil investiga posibles fraudes de ley en contrataciones de Melilla

Melilla, 13 sep.- La principal línea de investigación de la Guardia Civil en la Operación Ópera trata de esclarecer si se han producido posibles fraudes de ley mediante el fraccionamiento de contratos, así como posibles conciertos previos entre cargos públicos.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que motivó ayer el registro de las dependencias de la Ciudad Autónoma y al que ha tenido acceso Efe, se investigan presuntos delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencia en la administración pública.

El procedimiento parte de otras diligencias sobre la actividad de una gestoría, para la averiguación de un presunto delito de blanqueo de capitales, que abrió una nueva línea de investigación.

De la documentación incautada en el local de la gestoría, se llegó a anotaciones contables relacionadas con la empresa Reformas y Construcciones Porvenir S.L., cuyo administrador único, A.K., es el único detenido en el marco de la Operación Ópera.

Tras el análisis de las facturas de esta empresa, según el auto, se determina que la Ciudad Autónoma emitió el 4 de febrero de 2011 un importe total para facturar de 41.311,65 euros por varios servicios realizados por Reformas y Construcciones Porvenir S.L., superior al límite legal de 18.000 euros para contratos menores de servicios, que no requieren salir a subasta o concurso público.

Los investigadores calculan que A.K., a través de las diferentes empresas que ha tenido, ha facturado con su único cliente, la Ciudad Autónoma, más de un millón de euros en los últimos cinco años,

"La relación continua con la Ciudad Autónoma indica la necesidad de examinar los expedientes de contratación para determinar el cumplimiento de la oferta pública de contratación", recoge el auto.

Otras de las líneas de investigación de la Guardia Civil, recogidas en un oficio del 8 de marzo de 2013, alude al patrimonio del actual consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, que ocupaba con anterioridad el cargo de director general de Gestión Técnica de dicha Consejería, al que se le constata una "notoria actividad empresarial a través de varias sociedades".

Pérez Calabuig y su cónyuge aparecen como avalistas de cuatro prestamos a una sociedad anónima promotora de viajes, a cuyo consejo de administración pertenecía la pareja del actual consejero.

Dicha sociedad resultó entre 2004 y 2006 adjudicataria de tres contratos de servicios promovidos por la Consejería de Hacienda, por importes de 36.200, 115.640 y 190.285 euros.

Para la juez, esto vulneraría también la Ley de Contratación del Sector Público, ya que la empresa adjudicataria de los viajes incurriría en un supuesto evidente de prohibición de contratar, al ser el cónyuge de la administradora solidaria de la misma el director general de la Consejería de Medio Ambiente.

También están siendo investigadas por la Guardia Civil las entradas y salidas de divisas de las cuentas del exconsejero de Medio Ambiente Ramón Gavilán, y las inversiones de capital, que rondarían los 300.000 euros, del director general de Gestión Económica de la Consejería, José Pastor, en Luxemburgo en 2010.

La juez considera que podrían haberse producido concesiones arbitrarias de varios contratos públicos, a sabiendas de que ello incurriría en fraude de ley y que hay "indicios racionales" de falta de respeto a las normas sobre incompatibilidades de los altos cargos de las consejerías de Melilla, quienes se aprovecharían para "conseguir beneficios económicos, en perjuicio de la legalidad".

Por ello, considera "imprescindible y necesario" la obtención de todos los expedientes de contratación relacionados con las líneas de investigación, por lo que ordenó el registro ayer del Palacio de la Asamblea y de las Consejerías de Hacienda, Bienestar Social y Fomento, así como de la sociedad pública Emvismesa.

El caso, en el que se ha decretado el secreto de las actuaciones, se encuentra en la fase de diligencias previas y, hasta el momento, no ha habido imputaciones, aunque se ha producido una detención, la del empresario A.K.