Lunes, 22.07.2019 - 06:12 h
Lo ha aceptado la Audiencia Nacional

La Asociación Española de Guardias Civiles será acusación contra Ternera

El dirigente etarra fue capturado en Sallanches, una localidad del departamento francés de Alta Saboya, próxima a la frontera suiza.

Josu Ternera, uno de los históricos dirigentes de ETA.
Josu Ternera, uno de los históricos dirigentes de ETA, ya está en prisión. /EFE

La Audiencia Nacional ha aceptado la personación de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) como acusación popular contra Josu Ternera, detenido la pasada semana en Francia, según ha anunciado el sindicato de guardias civiles.

La AEGC pretende defender así "los intereses de todas las victimas que este terrorista ha dejado a lo largo de sus 50 años en ETA", especialmente a sus compañeros guardias civiles y familiares "asesinados la madrugada del 11 de diciembre de 1987 mientras dormían en la Casa Cuartel de Zaragoza".

Asimismo, la asociación ha valorado "positivamente" que el juez encargo del caso haya actuado con "celeridad" pidiendo la extradición de Ternera. "Consideramos que la petición realizada por el juez está amplia y correctamente fundamentada jurídicamente por lo que no debería haber motivos para denegarla", señala en un comunicado.

Sin entrar a valorar la cuestión jurídica de dónde tiene que cumplir primero la condena, la AEGC entiende que Ternera tiene que ser extraditado "a la mayor brevedad posible", con el fin de que sea juzgado "cuanto antes en España por la gravedad de los delitos que ha cometido".

Ochos años de cárcel

La detención de Ternera se produjo en virtud de una orden de busca y captura que Josu Ternera tenía pendiente por una condena a ocho años de cárcel, que incluye a su expulsión de Francia, dictada contra él en junio de 2017 por el Tribunal Correccional de París. En los próximos días se le notificará al ser presentado a la Fiscalía de París, que en Francia centraliza los procedimientos por terrorismo.

Como la sentencia se dictó en su ausencia, la legislación francesa le da la posibilidad de oponerse y pedir un nuevo juicio por esos hechos, que se refieren a su papel como miembro del aparato político de la banda entre 2011 y 2013, un periodo en el que Urrutikoetxea intentó infructuosamente negociar con el Gobierno español.

Su arresto lo llevaron a cabo agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, los servicios secretos de la policía francesa), en colaboración con la Guardia Civil en Sallanches, una localidad del departamento francés de Alta Saboya, próxima a la frontera suiza, a una cincuentena de kilómetros de Ginebra.

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