Los guardias civiles de Cataluña piden ser compensados por retrasar su traslado

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) exigen al Ministerio del Interior que compense económicamente a los 300 agentes obligados a permanecer en Cataluña hasta el 15 de octubre pese a que tenían previsto regresar a sus puestos. Ambas asociaciones reprochan a Interior que haya cometido el mismo "abuso" y "error" que el anterior Gobierno con los agentes en comisión de servicio en Cataluña por no compensar económicamente el esfuerzo de estos efectivos y por la falta de previsión sobre la medida.

La orden, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, esgrime que "por necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año, en los lugares actuales de destino, se requiere que permanezca en el mismo hasta el día 15 de octubre". Precisamente, la AUGC, la asociación mayoritaria, critica que la orden fue comunicada "solo con unos días de antelación" respecto al inicio de la incorporación de los agentes a sus puestos fuera de Cataluña

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"Lamentablemente el cambio político no se ve reflejado en una nueva línea más respetuosa con los trabajadores del cuerpo", lamenta esta asociación, con la que coincide la AEGC que tilda de "nueva tomadura de pelo" e "inaceptable" por emplear a las fuerzas de seguridad del Estado como "mano de obra barata".

Según explican fuentes de Interior, se trata de una decisión "ordinaria" por habitual año tras año debido a la necesidad del Ministerio de velar por que existan las dotaciones suficientes en las diferentes plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según estas fuentes, es habitual que Cataluña requiera cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos.

Hace ahora un año el Ministerio del Interior, encabezado por entonces por el ministro del PP Juan Ignacio Zoido, movilizó un dispositivo sin precedentes en el que se desplazaron a Cataluña más de 4.000 policías y guardias civiles para hacer frente al referéndum del 1-O convocado por la Generalitat.