Entre tanto, nuevas protestas recorrieron las calles del país para exigir la renuncia del presidente, acorralado por la justicia luego de que la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad lo señaló como cabecilla de la red de corrupción.
Por otro lado, una veintena de funcionarios, incluidos seis de los 14 ministros, han abandonado el barco de Pérez, un general retirado de 64 años, mientras que la cúpula empresarial rompió su alianza con el gobernante y exigió su renuncia.
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), el abandono de gran parte de su círculo más cercano "deja en total soledad al presidente, quien sin lugar a dudas ya no ejerce más que de manera formal el papel de presidente de la República".
Para complicar la situación del mandatario, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) por unanimidad avaló un pedido de la Fiscalía para que el Congreso le levante la inmunidad a Pérez y pueda enfrentar cargos de corrupción.
"Si el presidente no renuncia estaría sentando un precedente nefasto para la historia del país", pues querría decir que "quien ejerce el poder puede cometer hechos delictivos sin tener siquiera una sanción de carácter moral que le retire del poder", dijo Jorge Santos a la AFP.
El mandatario fue señalado el pasado viernes como cabecilla, junto a Baldetti, de una red de defraudación aduanera denominada La Línea, y ese mismo día la Fiscalía pidió iniciar el proceso de despojarlo de la inmunidad y enjuiciarlo.
Pérez descartó el domingo renunciar pese a la presión popular, y dijo que permanecerá en el poder hasta el fin de su mandato, el 14 de enero de 2016. Las elecciones generales de Guatemala se celebrarán el domingo 6 de septiembre pero el presidente no asume su cargo hasta principios de año.
La ex vicepresidenta recibió este miércoles un duro revés cuando un juez ordenó su prisión preventiva en una cárcel común, al considerar que existen pruebas de su posible participación en el esquema de fraude fiscal.
El juez Miguel Ángel Gálvez explicó que la decisión se debe a la posibilidad de obstaculización a la justicia y peligro de fuga, pues Baldetti tiene también ciudadanía italiana y se "podría sustraer de la investigación del Ministerio Público (Fiscalía)".
Gálvez ordenó recluir a la ex vicepresidenta en la cárcel común de Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, y no en el cuartel militar Matamoros, donde se hallaba preliminarmente.
Sin embargo, aclaró que el encarcelamiento en Santa Teresa no será inmediato, pues emplazó al Sistema Penitenciario para que en tres días habilite los espacios necesarios para garantizar la vida de la exfuncionaria.
Mario Cano, abogado de Baldetti, responsabilizó al juez de lo que pueda ocurrir a la ex vicepresidenta en esa prisión porque "ella no es una persona común".
La Fiscalía tiene tres meses para argumentar la acusación y presentar las pruebas ante otro juzgado, el cual determinará si Baldetti enfrentará un juicio oral y público por los delitos que se le imputan.
Según la investigación, los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Las protestas para exigir la renuncia del mandatario continuaron este miércoles, cuando al menos ocho tramos de carreteras fueron bloqueadas mientras en la capital se realizaron marchas y el Ministerio de Finanzas fue ocupado por trabajadores.
Un grupo del sindicato de empleados de esa cartera ocupó el edificio en el centro de la capital para exigir a las autoridades judiciales que investiguen a funcionarios implicados en actos de corrupción.
Paralelo a esa medida de presión, miles de profesores marcharon en la capital para exigir reformas sociales ante la crisis política en el país.
Los maestros caminaron por varias calles del centro histórico para demandar a las autoridades, principalmente al Congreso, el impulso de cambios políticos "que refunden al Estado de Guatemala", explicó durante la protesta el dirigente magisterial Joviel Acevedo.
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