Guatemala se abre a la discusión para reformar su Carta Magna

Carlos Arrazola

Guatemala, 30 jun.- Guatemala inició esta semana la discusión de una propuesta del presidente del país, Otto Pérez Molina, para una reforma constitucional "profunda", que abarca 51 de los 184 artículos del texto, a fin de "modernizar" el Estado y prepararlo para enfrentar los retos del siglo XXI.

Pérez Molina, un general en retiro de 61 años que ascendió al poder en enero pasado, ocupó buena parte de la semana en reuniones con los sectores más representativos del país para explicar los detalles de su propuesta, que presentará al Congreso el próximo lunes según anunció un portavoz oficial.

El gobernante sostuvo encuentros con representantes de universidades, activistas del sector justicia y derechos humanos y con líderes empresariales, sociales, de partidos políticos, medios de comunicación y religiosos.

El objetivo ha sido "dar a conocer el espíritu y contenido de las reformas a todos", para que el tema sea ampliamente analizado y discutido a nivel nacional, dijo Pérez Molina a los periodistas.

El proyecto oficial de reforma constitucional, que fue elaborado por un panel de asesores conformado por tecnócratas y exfuncionarios, contempla cambios en los artículos relacionados con los sistemas político, de justicia y seguridad, transparencia y rendición de cuentas, fiscal y financiero.

En principio existe en Guatemala una coincidencia, casi generalizada entre los líderes del país, sobre la necesidad de que sea modificada en algunas de sus partes la Carta Magna vigente desde 1985, que ya fue parcialmente reformada en 1994.

Ello, añaden, para modernizar al Estado y dotar a las instituciones de herramientas jurídicas que les permitan hacer frente a los grandes desafíos del país.

También hay un consenso tácito en que, como propone el mandatario, las reformas sean aprobadas por el Parlamento para luego ser ratificadas en consulta popular y no por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, para, como dijo a Efe uno de los colaboradores del gobernante, "alejar el temor de que le metan mano a artículos que no se deben cambiar".

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, un espacio de participación ciudadana donde confluyen organizaciones sociales que luchan contra la impunidad en Guatemala, dijo que "la propuesta tiene luces y sombras".

"Aún es temprano para opinar con mayor precisión sobre la totalidad de las reformas que se proponen, porque hay que analizar despacio y con criterio técnico. Lo importante, de momento, es que la propuesta representa una base para iniciar la discusión", dijo en declaraciones a Efe.

Manuel Baldizón, máximo dirigente del principal partido de oposición, el Libertad, Democrática Renovada (Líder), descartó de tajo el apoyo del bloque de su agrupación en el Parlamento a la propuesta del mandatario.

En declaraciones el viernes a los periodistas, el excandidato presidencial, derrotado por Pérez Molina en los comicios de noviembre pasado, aseguró que la iniciativa del Gobierno "es mal intencionada" y no beneficiará a las grandes mayorías.

La propuesta de Pérez Molina "busca preservar y profundizar más las condiciones actuales (del país), concentrar el poder, facilitar la entrega de las riquezas nacionales a los mismos, y la educación y la salud se encuentran ausentes", afirmó Baldizón.

En cambio, dijo, su partido, Líder, presentará en los próximos días ante el Congreso una contrapropuesta de reforma constitucional "integral, que buscará reformar el Estado", y que deberá ser aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente.

Aunque la decisión final sobre el contenido de las reformas las tendrán los 158 diputados del Congreso unicameral, Ibarra dijo que "hay posibilidades" de que las organizaciones de la sociedad "con capacidades técnicas y estudios serios" pueda incidir en las mismas.

Entre los cambios constitucionales que se ha dicho que el Gobierno plantea en su propuesta resalta la reducción de 158 a 140 del número de los diputados fijos al Congreso y la elección por medio del voto popular de los gobernadores departamentales.

También propone la conceptualización de Guatemala como un Estado multiétnico, multicultural y multilingüe, en reconocimiento a los pueblos indígenas, que representan el 42 % de los 14,4 millones de habitantes del país.

Además, define como papel fundamental del Ejército el resguardo de la soberanía nacional, pero con potestad de participar en la seguridad interna.

El Gobierno pretende que las reformas sean aprobadas antes de que concluya este año, sin embargo, analistas políticos locales, consideran que eso solo sería posible "si los bloques en el Congreso afinan sus habilidades de negociación para alcanzar consensos", algo que han demostrado, les viene difícil.