Las heridas mal cicatrizadas corren el riesgo de reabrirse. La recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares ha desatado tensiones internas en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que tuvieron su máximo apogeo en el denominado informe Uber que partió en dos el organismo en 2016. En esta ocasión, el detonante de las críticas ha sido la carta enviada por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada,al Parlamento balear contra la prohibición de vehículos diésel a partir de 2025 y de gasolina en 2035. El pleno de la CNMC del día 13 registró las críticas de alguno de los consejeros a la iniciativa de Marín Quemada, calificada de "particular" y no ajustada a la normativa de la Comisión, según confirman varias fuentes internas del organismo.
Marín Quemada envió el 11 de febrero un escrito al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, en contra de la norma que se aprobó al día siguiente, 12 de febrero. La normativa es pionera a nivel estatal y europeo y contempla, entre otras medidas, la prohibición de que los vehículos diésel circulen por las islas a partir del año 2025 y los de gasolina a partir de 2035, excepto si pertenecen a residentes.
La prohibición afectará, sobre todo, a las empresas de alquiler de automóviles -90.000 vehículos en circulación en temporada alta- que tendrán que renovar su flota hasta convertirla en 100% eléctrica en 2035. Según el presidente de la CNMC -que encabeza la sala de Competencia- la normativa balear "parece no ajustarse a los principios de buena regulación" y podría perjudicar a la actividad económica. Es una tesis que también defienden las patronales del automóvil Anfac y Faconauto y el PP de Baleares, que pidió la retirada de la norma.
Críticas en el pleno
La carta no ha sido bien acogida por todos los consejeros. Los críticos con Marín Quemada recuerdan que la CNMC solo manifiesta su posición a través de los acuerdos, informes y resoluciones de su consejo. Así lo hicieron constar en el pleno celebrado el pasado miércoles. Según su versión, Marín habría actuado por libre al enviar una carta, a título personal, que ni vincula ni compromete al consejo de la CNMC, que es, recuerdan, el único órgano de decisión.
Oficialmente, la CNMC hace otra lectura de la iniciativa del presidente. Según su versión, Marín Quemada se atuvo en todo momento a lo que dispone la ley de creación de la CNMC en su artículo 5.4: "En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados".
Pero no es tan simple. Los consejeros críticos sostienen que la actuación del presidente, sin pasar por el pleno, tiene por objetivo precisamente una ley, en la que intenta influir, sin aprobación ni conocimiento previo del Consejo, un día antes de que la norma se votara en sede parlamentaria.
El informe Uber
La polémica es prácticamente calcada de la que se registró en el organismo hace tres años. Entonces el enfrentamiento entre Marín Quemada y parte del consejo lo provocó el que se bautizó como "informe Uber", un estudio que recomendaba mayor libertad de acceso a las viviendas turísticas y el transporte. El documento fue elaborado por el departamento de Promoción de la Competencia, dirigido por el técnico Antonio Maudes, y publicado sin pasar por el pleno del organismo.
El informe Uber provóco una fuerte división. Seis de los 10 consejeros criticaron el informe por su baja calidad, no tanto porque no estuvieran de acuerdo con sus conclusiones, sino porque se publicó sin previo aviso. Los críticos, entre ellos la vicepresidenta de la CNMC María Fernández, pidieron la reprobación en pleno para el responsable del estudio, Antonio Maudes. Marín Quemada hizo frente a las críticas y mantuvo en su puesto a Maudes, director de promoción de Competencia. Maudes dejó su puesto un año y medio después.
La batalla fue sonada. Provocó cruces de acusaciones y filtraciones que revelaban la intensidad de la lucha en un organismo crucial para el funcionamiento sano de los mercados. Hasta el auditor de la CNMC se hizo eco de la pelea y advirtió de sus posibles consecuencias. A finales de 2016, el departamento de control interno de la Comisión elaboró un informe en el que destacaba que algunos consejeros habían “infringido” el deber de guardar secreto o reserva de las deliberaciones.
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