Gürtel. Anticorrupción pide cárcel para la cúpula del pp valenciano por financiar con dinero negro las elecciones en 2007 y 2008


La Fiscalía Anticorrupción acusa al Partido Popular valenciano de financiar con más de dos millones de euros de dinero negro los actos electorales de las campañas celebradas en 2007 y 2008, y pide condenas de siete años y nueve meses para Ricardo Costa, vicesecretario general del PP, y Vicente Rambla, vicepresidente del Gobierno de Francisco Camps, por delitos electorales y falsedad documental.
El ministerio público relata que las cuentas de Orange Market referidas a estas dos elecciones no fueron objeto de facturación, contabilización o declaración tributaria y propone para el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y para su gerente, Pablo Crespo, penas de 12 años de prisión.
También pide penas de cárcel para David Serra y Cristina Ibáñez, como responsables de los gastos de las citadas campañas electorales y para otras 15 personas entre las que se encuentran los empresarios Enrique Ortiz y Vicente Cotino. Cita también al extesorero del PP nacional Luis Bárcenas como responsable de la administración de las cuentas electorales de 2007.
Anticorrupción hace estas solicitudes de penas tras investigar tres piezas del ‘caso Gürtel’ en Valencia sobre financiación irregular de los populares en esa comunidad a través de un entramado de facturas falsas, empresas contratistas y trabajos ficticios que se registraban en una 'caja b'.
Considera probado que los gastos del partido fueron financiados por empresas radicadas en la Comunidad Valenciana a las que Orange Market les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados y cuyo importe se dedicaba a pagar actos electorales, sin registrar en la contabilidad oficial del PP.
Para la Fiscalía ha quedado acreditado que el PPCV recibió fondos de las sociedades de Correa en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en los comicios generales de 2008. De ahí que les imputen a sus dirigentes un delito electoral y otro de falsedad documental.
En el caso de Correa y Crespo, la Fiscalía les reclama 12años de cárcel porque les suma delito fiscal, mientras que a Álvaro Pérez, 'el bigotes', se eleva a 17 años por su papel central en la trama valenciana de 'Gürtel'.

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