En los dos últimos años los tribunales se han inundado de querellas por presuntas estafas mediante la inversión en criptomonedas que han perjudicado a ciento de miles de personas y han causado la pérdida de millones de euros. El 'modus operandi' es el mismo en todos los casos: ofertas de gran rentabilidad en poco tiempo y mayores beneficios si se consigue traer a más inversores para que participen en el negocio. Ello provoca lo que se denomina estafa piramidal, que se derrumba en el momento que los responsables en los que se han confiado para mover los criptoactivos se quedan sin capacidad de ingresar las ganancias obtenidas.
Numerosas plataformas de inversión en monedas digitales están siendo investigadas en distintos tribunales. La Audiencia Nacional ya ha imputado a los directivos de Algorithmics Group, Nimbus, Arbistar y Kuailian. ¿Por qué existe un 'boom' de estos procedimientos en los últimos años? La respuesta es clara: las consecuencias económicas del confinamiento por la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020 han permitido que muchos ciudadanos buscaran la manera de seguir teniendo ahorros, lo que facilitó a los estafadores a difundir la filosofía de la "cultura del dinero fácil".
Según advierten distintos expertos en materia consultados por La Información, este tipo de estafas ya existían antes y son una "imitación de las anteriores". El 'timo de la estampita', la filatelia, la compraventa de oro o el mercado inmobiliario han sido ejemplos de esta conducta criminal durante años, que ahora se ha actualizado al siglo XXI y se ha digitalizado. De hecho, el macrofraude a través de la inversión en criptomonedas se ha adaptado rápidamente originando sectas o sirviendo para la financiación de productos como la plantación legal de cannabis terapéutico, que ya están bajo la lupa de la Policía y la Justicia.
El año 2020 fue la "tormenta perfecta", explica el abogado Carlos Aránguez, cuyo despacho está personado en varias causas en la Audiencia Nacional, destacando la relativa a la trama 'Arbistar' en la que representa a más de 3.300 perjudicados. A principios de ese año hubo una 'explosión' del uso de la moneda digital, que alcanzó su "pico máximo de crecimiento". Ello coincidió en el tiempo con la crisis sanitaria, en la que muchos ciudadanos se encontraban en una situación de "angustia económica". Y ambas circunstancias fueron aprovechadas por los estafadores para hacer llegar "masivamente el mensaje de 'pon tu dinero a trabajar', la cultura del dinero fácil", apostilla el letrado.
"Este escenario inédito ha llevado a muchas personas a pasar más tiempo de lo habitual navegando en internet, al mismo tiempo que ha generado la necesidad o conveniencia de generar nuevos recursos económicos ante la incertidumbre histórica que hemos vivido. Un caldo de cultivo ideal para que los estafadores escalaran con mayor rapidez su negocio fraudulento", añade el abogado Juan Carlos Gómez, que representa a varios afectados en la causa de Algorithmics Group. Aún así, el letrado señala que era "cuestión de tiempo" que apareciera este tipo de estafa, ya que la criptomoneda es un producto "muy atractivo" y supone una "novedad" para los inversores, que además no tienen grandes conocimientos en la tecnología 'blockchain'.
"Este escenario inédito ha generado la necesidad o conveniencia de generar nuevos recursos económicos ante la incertidumbre histórica que hemos vivido".
Quiebra de confianza
Misma opinión comparten los abogados Juango Ospina, personado también en varias de estas causas judiciales, y Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas -la primera en presentar y conseguir que se admita una macroquerella en la Audiencia Nacional-, que representa los intereses de miles de perjudicados por diversas plataformas de inversión. Ospina precisa que el "problema no son las criptomonedas, sino los delincuentes que están detrás de unos servicios que realmente no existen" y que, a sabiendas, se ofrecen a personas que "en sus ansias de tener un futuro mejor no verifican que están tratando con una empresa que no es rigurosa o seria".
Zaballos va más allá y subraya que la mayoría de causas por estafa con criptoactivos están teniendo lugar a la vez porque la "confianza" dada a los afectados ha quebrado al mismo tiempo. Según explica, la crisis "dura más allá del confinamiento" y en otoño de 2020 los inversores quieren recuperar su dinero, lo que provocó que los dueños de las plataformas ahora denunciadas encontraran dificultades para devolver los beneficios e intereses. "Se crea una alarma importante, la gente se asusta y empieza a desconfiar. Entonces se produce una petición de devolución masiva y es cuando se detecta que hay una estafa de tipo 'ponzi'", ha detallado.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha mostrado su preocupación por las inversiones en criptomonedas y constantemente incluye a más empresas y plataformas relacionadas con este negocio en su listado sobre 'chiringuitos financieros'. Sin embargo para los abogados consultados, es necesario que se implanten mecanismos que vayan más allá de posibles advertencias, ya que el "ciudadano medio no las consulta". Así lo afirma Juan Carlos Gómez, que además advierte de la falta de "cultura financiera", por lo que propone que el Estado lidere "campañas informativas" para instruir de "los riesgos que implica confiar en empresas carentes de autorización para operar en mercados financieros".
Falta de medios para investigar
Para Juango Ospina, la CNMV debería estar dotada de un mecanismo administrativo que le permita adoptar medidas contra dichas compañías que se encuentran bajo sospecha, como la suspensión cautelar de su actividad. En este sentido, ambos letrados recalcan la necesidad de proporcionar a la Policía, a los tribunales y al Ministerio Público más recursos humanos y materiales para combatir esta nueva forma de criminalidad. "Hace falta un pacto de Estado contra el ciberdelito y hay que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) -que data de 1882- con nuevas figuras de investigación procesal, dotando de más medios y mecanismos para que se puedan practicar diligencias urgentes con medidas cautelares de bloqueo y de investigación", defiende Ospina.
Asimismo, Gómez apunta que existe una gran "dificultad" para "identificar y localizar" a los autores del delito, así como para "seguir el rastro del dinero que se ha obtenido con sus estafas". Por ello ve necesario reforzar la cooperación internacional global, ya que "los delincuentes no se ubicarán dentro de Europa, sino en los países más opacos y allí donde encuentren más facilidades para no ser identificados". De acuerdo con esta línea, Carlos Aránguez destaca que la Justicia española adolece todavía de "lentitud y falta de modernización, en general", si bien considera que la Audiencia Nacional ha hecho "un esfuerzo brillante, enorme, para asumir este tipo de causas".
La Justicia española adolece todavía de "lentitud y falta de modernización, en general".
Con todo ello, Zaballos avisa también del "vacío legal a nivel mundial" que existe por la falta de regulación. "Mientras se regula o no, hay intrusismos y lo primero que se tenía que haber hecho es bloquear la actividad de esta gente que se presentan como 'bróker' y haber parado la publicidad engañosa", señala, al mismo tiempo que advierte que la moneda digital ha servido también como "una fuente de blanqueo de capitales". Pese a que la Unión Europea prepara un Reglamento para un Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA, en España no existen juzgados especializados en delitos informáticos ni en criptoactivos. Por ello, la abogada también reclama más recursos en los tribunales, así como para letrados y peritos, para que conozcan esta materia y, sobre todo, en apoyo a las unidades investigadoras policiales para garantizar su "agilidad" y evitar que, mientras practican diligencias, los delincuentes "vayan por delante" y oculten el dinero de las víctimas.
Pero esto no es lo único. Zaballos comparte con sus colegas que el legislador tiene que acompañar todas estas medidas y "proteger a las víctimas". Así, recuerda que el verano pasado se modificó la normativa de blanqueo de capitales y se puso el foco en las transacciones con criptomonedas. No obstante, la presidenta de Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas critica que fuera una "regulación puntual" para obligar a las empresas a que informen sobre las personas que hacen, o han hecho, algún tipo de operación con monedas digitales, lo que, a su juicio, ha afectado directamente al "pequeño inversor" debido a que la reforma legal tenía como único objetivo "la recaudación".
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