Miércoles, 23.05.2018 - 09:02 h
El proceso independentista

Hacienda se expone a citaciones por la tesis de Montoro sobre el dinero del 1-O

Llarena teme que las palabras del ministro influyan en la entrega de Puigdemont por Alemania. Los procesados las convierten en su argumento principal.

Fotografía Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. / EFE

La petición de un informe al ministro de Hacienda para que justifique su seguridad de que ni un solo euro de dinero público se utilizó para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1-O acordada ayer por el juez Pablo Llarena, será con toda probabilidad, la primera de una serie de requerimientos y citaciones a cargos del departamento de Cristóbal Montoro. Varios de los procesados en la causa del 'procés' por rebelión y malversación, el propio juez y la justicia alemana, han puesto al miembro del Gobierno de Rajoy en el centro de la investigación. Fuentes jurídicas aseguran que, tras el requerimiento de ayer, es posible que tengan que intervenir otros cargos encargados de garantizar la liquidez de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como el secretario de Estado de Hacienda, la secretaria general de Financiación Autonómica o el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Todo viene a cuenta de la malversación de caudales públicos. Llarena ha procesado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros miembros destituidos del Govern por ese delito y lo ha incluido en las órdenes europeas de deteneción del expresident y el resto de exconsellers fugados en Alemania, Bélgica y Reino Unido. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que ya ha cuestionado la entrega del expresidente de la Generalitat por el delito de rebelión, ha pedido información adicional sobre la presunta malversación, que exige utilizar fondos públicos para actividades ilegales, al ser el segundo delito por el que se le reclama.

Tanto el exvicepresidente Junqueras, como los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull aseguraron ayer ante el juez que el propio Montoro descartaba el delito. Y es más que probable que Puigdemont haga valer ese mismo argumento ante la justicia alemana. Mientras, el propio Llarena, con un temor más que fundado a que Alemania le impida juzgar al expresident por rebelión, ve como peligra el otro delito por el que lo ha procesado. La que, probablemente, sea la causa más trascendente en España democrática desde la del 23-F, flaquea en el diseño del instructor. Y en un hipotético batacazo a la cúspide del sistema judicial español, el Tribunal Supremo, las declaraciones del ministro de Hacienda podrían tener una importancia decisiva.

El requerimiento de Llarena a Montoro le exige “a la mayor brevedad posible” un informe sobre “el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”, es decir, el instructor quiere pruebas de lo que sostiene públicamente el ministro. Y el informe que mande al Supremo, según las fuentes judiciales consultadas, tendría que ser sometido a contradicción entre las defensas y las acusaciones, lo que podría llegar a incluir una comparecencia del propio ministro como testigo para someterse a las preguntas de todos, según las fuentes consultadas. Nada menos que un miembro del Gobierno de Rajoy para defender una coartada de los procesados por organizar el 1-O y proclamar la independencia.

Los cargos que gestionan el FLA

Pero además, según las mismas fuentes, no es nada descabellado que las citaciones y requerimientos se extiendan a otros cargos gubernamentales. De su propio departamento, pero también de otros. En concreto, de todos los implicados en la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo por el que el Ejecutivo central mantenía de hecho intervenidas las finanzas de la Generalitat. Cada tramo de financiación enviado a Cataluña a través de este sistema se condiciona a los requisitos impuestos por Hacienda, el departamento que lo gestiona. Montoro asegura que tiene un control total del gasto de la Generalitat.

La titularidad del FLA corresponde a la secretaría de Estado de Hacienda, que dirige José Enrique Fernández de Moya, y en su gestión interviene la secretaría general de Financiación Autonómica bajo el mando de Belén Navarro. La gestión financiera depende del ICO, que cuelga del Ministerio de Economía y es el que presta el dinero bajo órdenes del Gobierno y a propuesta de Hacienda. Es ese organismo el encargado de los servicios de “contabilidad, caja, agente pagador, seguimiento y, en general, todos aquellos servicios de carácter financiero relativos a las operaciones autorizadas con cargo al fondo”. Su presidente es Pedro Zalba. En su última entrevista, publicada en ‘El Mundo’, Montoro se refirió también a la “interventora general de Cataluña”, que semanalmente le da cuenta de los gastos de la Generalitat.

El argumento de los procesados

Hasta el momento, el único requerimiento, el enviado al ministro, ha partido del juez. Pero no es descartable que sean las defensas de los antiguos miembros del Govern, los que puedan reclamar al instructor nuevas declaraciones e informes sobre las que Llarena y la Sala de lo Penal tendrán la última palabra. Tanto en lo que queda de instrucción como en la fase de juicio oral. De las declaraciones indagatorias prestadas esta semana por Junqueras, Rull y Turull, se desprende que la versión de Montoro es uno los argumentos con más fuerza contra el presunto delito de malversación que se les imputa.

En la entrevista en ‘El Mundo’, publicada el lunes, el titular de Hacienda reiteró lo que ya había mantenido en el Congreso el pasado febrero, cuando el titular del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, concluyó que parte de los gastos del 1-O se sufragaron con dinero del FLA. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, mantuvo. Después aseguró que eso solo podría haber ocurrido por un delito de falisificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa.

La Guardia Civil lo contradice

No solo es en el caso que instruye el juez Ramírez Sunyer, sino también en el que dirige Llarena en el Supremo donde la Guardia Civil sostiene que el Ejecutivo que encabezaba Puigdemont desvió fondos públicos para financiar el ‘procés’. Y la monitorización de todos los gastos de ese gobierno autonómico correspondía a Hacienda, al menos desde el pasado septiembre. En el auto de procesamiento de Llarena se cifra en 1,6 millones los gastos “sufragados con dinero procedentes de las arcas públicas y no con dinero privado”.

Ese dinero, según Llarena y los agentes que investigan el delito, se dedicó al registro de catalanes en el extranjero, en campañas de propaganda, en papeletas, el censo y las citaciones de los miembros de las mesas electorales y en la contratación de observadores internacionales. Tal vez el informe de Montoro dé una versión distinta de cómo se sufragaron esas partidas. Si niega la malversación el ministro conseguirá demostrar que con su gestión no contribuyó al referéndum que llevó a la declaración de independencia. Pero allanará el recorrido judicial de los procesados por sacar esos actos adelante.

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