El desembolso total que hizo el Canal de Isabel II con la compra de Inassa en 2001 no fue de 73 millones de dólares sino que ascendió a 97,4 millones. Así lo concluye Hacienda en un informe pericial incorporado al caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional y que viene a ratificar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la adquisición de la colombiana en 2001 conllevó un "sobreprecio injustificado".
La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca entregó el pasado mes de mayo su escrito de acusación contra un total de 22 personas por irregularidades en esta operativa y, junto al mismo, adjuntó la pericial elaborada por la Agencia Tributaria -a su juicio una "prueba relevante y necesaria"- que desgrana los detalles de la adquisición de la colombiana. De este modo, los expertos concluyen en este documento al que ha tenido acceso La Información, que la inversión total de la empresa pública de aguas durante los años 2001 y 2002 fue de 97,4 millones de dólares si bien la cifra que figuraba en el acuerdo de compra era de 73 millones.
Se trata de las últimas diligencias de esta primera pieza del caso Lezo la cual acaba de terminar de investigar el magistrado Manuel García Castellón. De la instrucción ahora concluida, el juez determina que un total de 22 investigados podría haber cometido delito de malversación agravado por irregularidades en la operación que contó con el visto bueno del Gobierno del entonces presidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón. El magistrado sobreseyó las actuaciones para el exmandatario regional así como para la gran mayoría de miembros de su equipo como Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja al no quedar acreditado que fueran conscientes del menoscabo económico que supuso esta compra para el Canal.
Ni rastro de la empresa pantalla
El instructor y la representante del Ministerio Fiscal se basan en las conclusiones aportadas por Hacienda. Las mismas determinan que, efectivamente, Gallardón y el resto del Consejo de Gobierno no eran conocedores de que para la adquisición del 75% de la colombiana a través de Extensia se iba a emplear la panameña Aguas de América S.A. Los expertos se hacen eco de una serie de comunicaciones mantenidas entre el entonces subdirector de nuevos negocios del Canal, el procesado Juan Pablo López Heras, con Luis Molinero, de la Dirección General de Patrimonio. En las mismas, López Heras le explicaba que se iba a emplear en la operativa la sociedad vehículo de Canal Extensia pero "en ningún documento se especifica que lo que se va a comprar es una sociedad panameña".
Así es como la Dirección General de Patrimonio dio luz verde a esta inversión en noviembre de ese ejercicio y remitió su informe a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional para su aprobación, de acuerdo con los expertos que recalcan además que el estudio en el Consejo de Gobierno se hizo con posterioridad a la presentación de oferta acompañada de aval irrevocable. En la tramitación se cita la compra de la panameña si bien posteriormente se omite esta referencia; clave para entender los riesgos que entrañó la inversión del Canal en América Latina.
De este modo, el fisco concluye igualmente que los entonces gestores del Canal no tuvieron en cuenta, pese a haber encargado determinadas 'due diligences' a auditores externos, los "riesgos significativos" de invertir en Barranquilla (distrito en el que Inassa tenía atribuida la concesión de los servicios de limpieza y alcantarillado) ni tampoco la morosidad que afectaba al mismo. Destaca Hacienda que el Canal expuso en un primer momento un rango de valoración de compra que oscilaba entre los 25 y 50 millones de dólares si bien apenas semanas después, en octubre de ese año, se cifró en 73 millones el importe de la adquisición. Esto llevó a la Fiscalía Anticorrupción a apuntar que la operación conllevó un "sobreprecio injustificado" de entre 23 y 35 millones de dólares.
Compromiso previo de aval
Así fue como el 14 de noviembre el exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y Salvador Carbona, exdirector de Tecvasa (empresa que también participó en la operativa) presentaron la oferta conjunta de compra si bien ésta ya llevaba aparejada la obligación de abonar un primer pago de 10 millones de dólares el cual se hizo efectivo antes incluso de que el importante desembolso del Canal contara con el visto bueno de sus consejeros y del Gobierno madrileño. A todo esto hubo que sumar las dificultades que presentaba Triple A (participada por Inassa) y que arrastraba una "situación financiera deficitaria" que, lejos de lo que se pudo hacer creer, no obedecía a "causas puntuales" sino a un déficit de caja.
Todos estos extremos fueron recogidos por la fiscal Cuenca en su escrito de acusación y de los mismos se hizo eco el instructor en su auto de procesamiento contra un total de 22 personas. De hecho, los investigadores sitúan en el epicentro de la operativa a López Heras junto junto con el también exdirectivo del Canal José Antonio de Cachavera por ser los encargados de explicar los pormenores de esta operación ante el resto de consejeros de la empresa pública de aguas que aprobó el proyecto. La Fiscalía dijo de ambos que, junto con Antonio Canalda, diseñaron una "operativa paralela"y "obviaron deliberadamente valorar" los riesgos de la operación plasmados en esta pericial de Hacienda.
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